El Gobierno ratificó que en octubre y noviembre volverán a aumentar las tarifas de electricidad y gas, y puso en marcha una estrategia para comenzar a compartir el costo político de esos ajustes con los gobernadores.
Ambos servicios tienen tres componentes: producción y generación, transporte y distribución. Los dos últimos ya llegaron al precio pleno y, en teoría, sólo deben ser ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el INDEC.
Esto está contemplado en la renegociación de contratos que hizo entre 2016 y 2017 el ex ministro Energía, Juan José Aranguren, con las compañías de ese sector. Es decir, los subsidios ahora sólo están enfocados al costo de producción.
Para avanzar en la reducción de subsidios comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno prevé ahora que el precio del gas en boca de pozo aumentará un 25% a nivel nacional en octubre próximo.
Ese porcentaje deberá ser prorrateado con el ajuste por inflación para los tramos de transporte y distribución. Aquí, el dato del IPC a ser tenido en cuenta será el acumulado desde abril dado que en ese mes se había registrado el último aumento.
Dólar y crudo
Según explicó el ministro de Energía, Javier Iguacel, en los ajustes para lo que es generación de energía eléctrica y gas influyen fuertemente el precio del petróleo, que sigue en alza, y la devaluación del peso frente al dólar, por el perfil importador de la Argentina.
Hay un problema central. Según un documento interno del Gobierno al que accedió este diario, el drama a resolver está en la matriz energética: la característica más relevante es el grado de dependencia de los hidrocarburos, particularmente del gas natural.
El 89% de la oferta interna total de energía proviene de los hidrocarburos (57% gas natural, 31% petróleo y 1% carbón) quedando un bajo peso relativo de otras fuentes como la energía hidroeléctrica y la nuclear.
A su vez, las energías renovables no convencionales aún tienen una muy acotada participación. Y la Argentina cubrirá el 20% de su demanda de electricidad con energías renovables recién para 2025.
Apuesta a Vaca Muerta
Iguacel señaló que en Fortín de Piedra, en Neuquén, ya hay 4.500 personas trabajando para extraer gas de la reserva no convencional de Vaca Muerta y produce 8.000.000 de metros cúbicos por día, lo que representa el 7% de la producción nacional.
A fin de año estará en 20.000.000 de metros cúbicos alcanzando el 15% de la producción nacional, por lo que "va a sobrar gas y se podrá exportar a Chile". Iguacel se reunió el viernes pasado con las autoridades del país trasandino para negociar los contratos de venta.
Según el ministro, con eso y el gas que se está produciendo en otras cuencas la Argentina tendrá la posibilidad de salir de su situación de importadora neta de gas todo el año y sólo lo hará en invierno, cuando el consumo aumenta sobremanera por las bajas temperaturas.
Al haber un aumento en la cantidad de empresas productoras de gas, el Gobierno virará hacia un proceso de licitación de precios del gas para que las compañías compitan entre sí y así los valores "bajen considerablemente", según el funcionario.
El Gobierno apuesta sobre la base de estos pronósticos a que los argentinos paguen en sus facturas del invierno de 2019 lo mismo por metro de gas consumido que pagarán en la misma época de 2018.
Electricidad
El precio de la energía eléctrica dependerá de la zona del país en la que viva cada usuario. Esto se debe a que en Capital Federal y Gran Buenos Aires aún hay una porción mayor de subsidios en las facturas que en otras zonas del país.
Y dado que los precios del tramo de la distribución lo definen los gobiernos provinciales que administran las empresas distribuidoras, el Gobierno salió a pedirles a los gobernadores que no superen el ajuste más allá de lo que reporta el INDEC.
Para ajustar el valor de la distribución que aplicarán a los usuarios domiciliarios, comerciales e industriales, los gobernadores deberán tomar en cuenta la inflación acumulada desde febrero pasado cuando se dio el último incremento.
El temor del Gobierno nacional es que los gobernadores definan incrementos mayores a la inflación oficial para reducir los déficits que tienen las empresas distribuidoras que, en la mayoría de los casos, están en manos de los Estados provinciales.
Para Capital Federal y Gran Buenos Aires el alza en las tarifas se ubicará entre el 25% y el 30%. Y para el interior "si los gobernadores se ponen las pilas y aumentan el precio de la distribución por inflación, en algunos casos el incremento de la tarifas debería ser menor al 15%. Santa Fe y Córdoba deberían hacer eso", dijo Iguacel.
