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hace 30 minutos
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló hoy que la nueva ley de Migraciones "es exactamente igual a la de Bolivia", en referencia a la misión que ese país enviará la semana próxima a Buenos Aires para interiorizarse sobre la nueva normativa.
En diálogo con radio Mitre, Bullrich opinó que "sería bueno" reforzar los controles terrestres con la aplicación de un protocolo para ómnibus similar al API, el sistema de información de pasajeros presentado por el Ministerio del Interior, y mediante el cual las aerolíneas brindan datos sobre las personas que vienen a la Argentina.
"La ley migratoria de Bolivia dice lo mismo que dice ahora la Argentina. Además, tengamos en cuenta que el año pasado, 29 ciudadanos de nuestro país fueron presos en el Estado Plurinacional", enfatizó Bullrich.
La ministra salió a aclarar el tema migratorio, en especial con el país vecino, ya que en la semana que pasó el presidente boliviano, Evo Morales, decidió enviar una misión a Buenos Aires para interiorizarse sobre la nueva normativa. Asimismo, el mandatario de la nación del antiplano les pidió a "los hermanos presidentes latinoamericanos" que no lleven adelante políticas migratorias como las del nuevo gobierno de Estados Unidos.
"Nunca antes como el año pasado hubo la cantidad de visas que se han dado en Argentina para ciudadanos bolivianos y paraguayos", explicó Bullrich.
Y agregó: "Las colectividades boliviana y paraguaya están aceptadas, eso está claro. La ley es la misma que tiene Bolivia, exactamente igual para las personas que tienen antecedentes o cometieron delitos, quienes no son bienvenidas".
Bullrich dijo que las colectividades boliviana y paraguaya están aceptadas, pero las personas que cometieron delitos no son bienvenidas.
Por su parte, el director nacional de Migraciones, Horacio García, defendió hoy estas modificaciones legales al remarcar que el nuevo ordenamiento "está enfocado a temas de seguridad", y aseguró que "el control es parte de las facultades del Estado y no una herramienta fascista".
"El control es parte de las facultades del Estado, no es un herramienta fascista. En países avanzados hay más restricciones, lógicas y adecuadas", apuntó García en diálogo con Radio Belgrano.
Respecto a las consideraciones de algunos sectores de la oposición, que vincularon las políticas migratorias del Gobierno del presidente Mauricio Macri con las que decidió aplicar la gestión del flamante mandatario estadounidense, Donald Trump, García alegó que Argentina posee "un criterio propio" en esta materia.
"Tenemos una política migratoria propia, no la copiamos de otros países. En 2016 le dimos documentos y radicamos a 215 mil personas. Es la cifra más importante de América del sur. Entonces, tenemos la mínima autoridad moral para decir que no queremos que ingresen delincuentes, nada más", expresó el funcionario.
"En 2016 le dimos documentos y radicamos a 215 mil personas. Es la cifra más importante de América del sur", dijo el director nacional de Migraciones.
El pasado 30 de enero, el gobierno nacional oficializó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) modificaciones a la Ley de Migraciones con el objetivo de acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.
La norma reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio", según lo establece el Decreto 70/2017 publicado en el Boletín Oficial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que el decreto es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.
"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior. Se detectó en los últimos años, muy agudamente en este último tiempo, que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal. Esto es algo que dificulta la lucha contra el narcotráfico", subrayó días pasados Garavano al justificar la puesta en marcha de este nuevo ordenamiento.
