El Gobierno apeló anoche ante la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos el fallo que le ordenó al país pagarle unos 1.330 millones de dólares a los fondos buitre.
El plazo venció a las 23.59 y el equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, estaba conectado permanentemente con el estudio de abogados que trabaja con el Gobierno, Cleary Gottlieb.
El documento que presentaron los abogados ante la Cámara de Apelaciones contenía dos apelaciones. Por un lado, buscará que los tres camaristas que fallaron en contra de Argentina a fines de agosto revisen su sentencia. Por el otro, que el dictamen no sea estudiado por este tribunal integrado por tres camaristas, sino que el caso se amplíe y sea analizado por los 13 camaristas que forman parte. Este procedimiento es conocido como "en banc".
Estos dos caminos le permitirán al Gobierno ganar tiempo y continuar realizando los pagos de deuda en moneda extranjera sin ningún sobresalto. Si la Cámara de Apelaciones rechaza estos dos pedidos que presentará hoy el estudio de abogados, el Gobierno podrá apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Cuánto tardará la Cámara en expedirse sobre estas dos presentaciones, es una incógnita para el equipo económico. El único antecedente que tienen es que en el último pedido "en banc" se tomaron tres meses para emitir una respuesta.
El tiempo se convirtió en una variable central en la causa con los fondos buitre. Estos fondos, que compraron deuda argentina por monedas y ahora reclaman cobrar el 100%, podrían tener una ganancia del 1.380% en 5 años, según las estimaciones del Gobierno argentino.
Si la Justicia de Estados Unidos determina que Argentina efectivamente les tiene que pagar, además de desembolsar más de 1.330 millones, el país podría verse obligado a pagar cerca de 20.000 millones de dólares para el resto de los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.
Ese no es el único riesgo, porque el 93% de los bonistas que sí aceptaron las propuestas que en 2005 diseñó Roberto Lavagna y en 2010 Amado Boudou, también podrían reclamar una compensación con el argumento de que los otros bonistas obtuvieron un trato más favorable que ellos.
Esta última cláusula, el Rights Upon Future Offers (RUFO), vence en diciembre de 2014, por lo tanto, cualquier alternativa que le permita al Gobierno ganar tiempo sirve para contar con más oxígeno y minimizar los riesgos.
En esta línea, el Gobierno presentó un proyecto para ofertar a los holdouts un canje de títulos similares a los realizados en 2005 y 2010, que fueron rechazados por el 7 por ciento del total de tenedores.
La iniciativa tiene media sanción del Senado Nacional, donde se aprobó, además, que la apertura sea "sine die" con el fin de apuntalar la idea de que el país "tiene voluntad de pago" con sus acreedores.
