El 23 de diciembre pasado entró en vigencia la Ley 27.541, de Solidaridad Social.
Las prestaciones previsionales se encuentran entre los artículos 55 a 58.
Tiene dos aspectos fundamentales: 1) suspende por 180 días la movilidad jubilatoria que estaba vigente, en todos los casos; 2) dispuso otorgar 2 bonos de $ 5.000 (uno ya se pagó y el restante se hará efectivo en este mes en curso, $ 10.000 en total) e diciembre y de enero, ($ 10.000 en total). El resto, que cobra menos de $ 19.400, percibirá un monto proporcional.
Quienes están por encima de ese valor no recibirán, por ahora, incremento alguno, que surgirá de un estudio que se hará en seis meses. En su defecto se aplicará el anterior régimen.
Compartimos el otorgamiento de dos bonos de $ 5.000 para quienes menos ganan, el sector más desprotegido con haberes hasta ridículos. Aclaramos que no son aumentos, sino bonos. En febrero cobrarían lo mismo. Siempre hemos sostenido que cualquier incremento que beneficie a los jubilados es bienvenido.
No estamos de acuerdo con la suspensión por 180 días de la movilidad para todos los jubilados. Unos más, otros menos, todos necesitan. La inflación ‘come’ nuestros menguados ingresos. Estiman que el Gobierno se ahorrará con esta medida, a costa de la clase pasiva,
$ 4.800.000.000.
En marzo nos correspondía un incremento por aplicación del índice de ajuste, que viene de meses atrás, del 25%. A todos.
Con las facultades brindadas por el Congreso, el Presidente podrá modificar esta situación. Nos preocupa esta entrega de súper poderes para que pueda disponer qué montos aumentará y a quiénes. Recordamos que durante la campaña prometió que al otro día de asumir daría una suba de 20% para todos los jubilados.
La Corte Suprema de Justicia, en reiterados fallos, ha dispuesto la progresividad y proporcionalidad en las jubilaciones, que deberían estar en relación con los haberes que perciben quienes están en actividad, no debiendo ser inferiores a 72%. Nosotros seguimos bregando por el 82% móvil.
Existe una desproporción tan grande que muchos percibimos ingresos que van de 20% a 40% de un salario en actividad.
Los jubilados que perciben un monto inferior a la canasta básica, que está en $ 39.000, son pobres y no pocos, indigentes.
Frente a esta indignante situación, hay “privilegiados” que cobran entre
$ 350.000 y $ 600.000 por mes.
“Help International”, de EEUU, y el “Melbourne Index”, Australia, consideran a los argentinos entre los jubilados con menos ingresos y peor calidad de vida sobre un total de 60 países medidos.
¿Qué ha sucedido con el dinero que aportamos durante 30 o 40 años? ¿Dónde fueron a parar los montos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad? Quedaría la tercera parte en papeles, cuando eran dineros propios de los aportantes.
Nos preocupan las discriminaciones entre jubilados ricos y pobres. Y las diferencias por montos.
Con esta ley, quien gane hasta $ 19.400 recibirá un aumento proporcional a los
$ 5.000 y el que perciba
$ 20.000, o más, nada. Cerca de 2.000.000 de jubilados están en esa situación.
Mientras tanto, el Gobierno saca de Anses
$ 48.000.000.000, usando el dinero destinado a jubilaciones. Todo incremento es bienvenido, debiéndose considerar reglas de proporcionalidad y justicia.
Lo expuesto en miles de casos ha quedado en nada. Los bancos se han apropiado de los bonos, ahora de
$ 5.000, para cobrarse deudas anteriores de los beneficiarios. O sea, que algunos no han cobrado nada, a pesar de que se trata de una ley nacional de emergencia social. Debió incluirse la prohibición de quedarse con esos dineros destinados a los jubilados que menos ganan. Los bancos siguen siendo los dueños de los dineros de todos. Como en la época de la “patria financiera”.
