Las imágenes de miles de personas en interminables y caóticas esperas frente a sucursales bancarias de todo el país no sólo dejan fuertes interrogantes sobre los resultados del drástico plan de aislamiento social dispuesto ante el embate del Covid-19. Ese generalizado desorden también desnudó una vez más la vulnerabilidad que genera reiteradamente la ineficiencia del Estado. Una realidad que terminó atrapando a importantes funcionarios del gobierno nacional y que involucró, por añadidura, a la dirigencia bancaria. Por eso lo más preocupante es el efecto de semejante caos sobre el minucioso plan de prevención dispuesto desde la Nación con el asesoramiento de la comunidad científica nacional.
Es muy criticable que nadie en el ámbito oficial haya previsto que la que quedaría expuesta es la población de adultos mayores y de los destinatarios de ayuda social, de cualquier edad, obviamente más frágiles en lo referido a su salud por sus limitaciones socioeconómicas. El dato de que más de 1.700.000 jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en el país no tengan tarjeta de débito, o no la utilicen por no haber sido instruidos sobre la conveniencia de la misma, no debió haber sido ignorado por las autoridades a la hora de disponer la apertura de los bancos sólo para atender a esa porción de ciudadanos. Incluso, el escándalo hace que una vez más se ponga en tela de juicio la medida que en su momento dispuso que las entidades bancarias permanecieran totalmente cerradas en el período de aislamiento. La gente que se maneja a través del servicio electrónico de los bancos no es, justamente, la que permaneció desamparada en esta oportunidad. A las esperas eternas durante toda una jornada se sumaron horas previas durante la noche para intentar ser atendidos lo más rápido posible. Otra vieja y forzada costumbre de los argentinos a la que nadie le busca solución.
El viernes, luego de una jornada de espanto, varios profesionales de la salud y hasta integrantes de la mesa de expertos que asesora al presidente de la Nación en el programa contra el coronavirus lamentaban públicamente lo sucedido. Y no se descartaban efectos negativos para la cuarentena dispuesta y mucho más cerca de terminar.
El enojo del presidente Alberto Fernández por lo sucedido, que se hizo público, fue lógico, entendible. Imposible no rendirse ante las imágenes televisivas en distintos puntos del país y a la indignación generalizada en las redes sociales. El titular del Poder Ejecutivo nacional fue el principal impulsor del plan para contener los efectos del virus a partir de la atinada decisión de rodearse de la comunidad médica más prestigiosa y apurar la implementación de la cuarentena. Fernández, ya ha sido dicho desde esta columna y vale reiterarlo, se apoyó en los medios de comunicación serios y profesionales para ampliar aspectos del programa y salir al cruce de dudas con entrevistas espontáneas y didácticas. Eso no reduce el crédito a su gestión, pero no impide la difusión de lo que está mal. Es lógico, entonces, que el Presidente exija explicaciones a sus funcionarios y pida que no se repita el bochorno.
Una reflexión final. El riesgo al que se expuso a tantísima gente que fue a cobrar a los bancos debería hacer tomar conciencia a todos, políticos y ciudadanos, de que el plan contra el coronavirus más que una estrategia contra el enemigo de una guerra silenciosa es, verdaderamente, una acción preventiva de la salud importantísima y una inserción cultural de gran cuantía. Lo ocurrido puso freno a cierto triunfalismo, muy arraigado entre los argentinos, al amparo de la estadística oficial sobre contagiados y víctimas. No cabe otra alternativa que esperar.
