El tratamiento de la octava ley de seguridad de la gestión Cornejo comenzó bien. Esa fue la sensación que transmitieron algunos asistentes a la presentación del proyecto que hizo el ministro del Área, Gianni Venier.
Fue ante un plenario de comisiones con legisladores integrantes de la Bicameral de Seguridad y de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado y Diputados.
Allí el representante del Ejecutivo mostró, durante casi 2 horas, los principales puntos que el gobernador Alfredo Cornejo busca cambiarle al Código Procesal Penal. Y si bien hubo cuestionamientos, la mayoría coincide en que los cambios serán útiles, lo que augura un tratamiento rápido.
“Si no hay inconvenientes políticos, tal vez la semana que viene haya despacho favorable de LAC”, se esperanzó el titular de esa comisión en Diputados, el radical Jorge Albarracín, aunque sin arriesgar una fecha para una eventual media sanción.
De igual modo opinó el presidente de la Cámara, Néstor Parés. "No creo que haya problemas para tratarla", dijo, aunque también ligó la apreciación a la ausencia de problemas políticos con el justicialismo opositor.
Desde el PJ, el titular de la Bicameral de Seguridad, Mario Díaz, no dio indicios de generar conflicto. "Es interesante lo que se presenta en cuanto a agilizar el sistema", dijo.
Lo hizo en el sentido de que el proyecto, entre otros aspectos, promueve la oralidad en los procesos y la instalación de expedientes electrónicos, evitando demoras en las decisiones judiciales, como puede ser el traslado de expedientes en papel, que hoy suelen tardan meses y hasta años.
Sin embargo cuestionamientos hubo, sobre todo en torno a la figura del ayudante de fiscal.
El proyecto plantea darle más poder a este trabajador judicial que hasta ahora se ha limitado a asistir al fiscal. Con la nueva ley, los ayudantes “tomarán decisiones” y su figura será resaltada. Como ejemplo se puede citar que en ciertos casos, hasta podrán pedirle al juez autorización para allanamientos, sin tener que esperar que lo haga el fiscal.
“Quedan dudas sobre qué jerarquía tendrá el ayudante”, indicó Díaz. “Debería haber mayor rigor en su tarea”, añadió, pensando en que el trabajador cumpla horarios estrictos y “viva cerca de la Fiscalía”.
La propuesta fue tomada por Venier para posibles modificaciones al texto del proyecto.
Así las cosas, el mayor cuestionamiento lo tuvo la Izquierda. Es que si bien en el FIT entienden que "la agilidad es razonable", consideran que el empoderamiento del ayudante de fiscal, "contribuye al sistema represivo". Así lo explicó Héctor Fresina. Y cuestionó que a diferencias de los fiscales, "los ayudantes no pasarán por el aval del Senado".
En la vereda de enfrente, Marcos Niven (PD) apoyó el proyecto. "Los cuestionamientos son sobre temas menores. No veo inconvenientes para un tratamiento breve", agregó.
Las modificaciones
Algunas de las modificaciones más notables del proyecto para reformar el Código Procesal Penal, que ahora se discute.
Ayudantes de fiscal. El artículo 87 bis busca "establecer funciones básicas investigativas y del sistema procesal a los ayudantes fiscales", para agregar nuevos decisores en el esquema organizativo de las fiscalías.
Querellante particular. El art. 104 apunta a que el querellante particular participe en todo el proceso investigativo.
Notificaciones. En el art. 177 se pretende terminar con las notificaciones escritas para hacerlas "electrónicas, telefónicas o por medios equivalentes" como el uso del whatsapp.
Sin traslado de expedientes. Los cambios tecnológicos permitirán evitar que los expedientes deban ser trasladados entre oficinas, juzgados y otras dependencias judiciales (art. 181).
