En su reciente visita a Estados Unidos para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas, la presidenta Cristina Fernández produjo un notable giro de su gobierno con respecto al de Irán. El motivo de ese cambio fue la tirante situación derivada del cruento atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994.
El brusco viraje, en momentos en que las principales naciones del mundo tienen en la mira a las autoridades de Teherán por su sospechoso programa nuclear, resulta sumamente llamativo si se tiene en cuenta la actitud que sobre las acciones estatales iraníes los gobiernos de los Kirchner habían mantenido desde 2003, a lo que se debe agregar lo que determinó la Justicia de nuestro país como resultado de las investigaciones del atentado.
En efecto, en 2006 el Poder Judicial acusó al gobierno iraní por haber planificado el atentado y, específicamente, a un ciudadano libanés integrante de Hezbollah, de haber sido el ejecutor del brutal ataque que terminó con la vida de 85 personas y dejó centenares de heridos. Varios funcionarios de aquel país fueron señalados por los investigadores argentinos.
En 2007, el ex presidente Néstor Kirchner expresó ante la Asamblea General de la ONU, en el mismo lugar donde ahora su esposa cambió de postura, que la Argentina anhelaba que las autoridades iraníes respetasen la decisión que había adoptado la Justicia de nuestro país. Y también decía Kirchner que era menester que el país islámico colaborara en el esclarecimiento del hecho que había conmocionado al mundo entero.
Por otra parte, Irán también fue hallada responsable por parte de la Justicia argentina del atentado previo, de marzo de 1992, contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó 24 muertos y varios centenares de personas heridas.
Con tantos antecedentes y resoluciones judiciales en la mano es llamativo y contradictorio el cambio adoptado por la Presidenta. Una de las primeras consecuencias es la sospecha por parte de EEUU de que detrás de esa polémica decisión, la Argentina se encamine hacia una estrategia internacional de países que pretenden encarar alternativas económicas al margen de las tradicionales potencias del sector. La otra gran reacción fue la de Israel, el país directamente afectado por los dos atentados en Buenos Aires y al que nunca los gobiernos argentinos dejaron plenamente satisfecho con respecto a la pista seguida para buscar esclarecer los dramáticos hechos.
Si bien ante la ONU la presidenta argentina exigió “resultados concretos” a Irán sobre la acción terrorista en nuestro país, dio la impresión de que su gobierno pretende borrar con el codo lo escrito al convocar al mismo tiempo a la reunión entre los cancilleres de ambos países. Esto habilitó la vía política para que el presidente iraní ofreciera fortalecer la relación bilateral y, en el tema concreto de la polémica, “contar la verdad” sobre lo sucedido en la Embajada de Israel y en la AMIA.
De acuerdo con la opinión de analistas internacionales, a priori el acercamiento de Buenos Aires a Teherán, además de contradictorio, resulta sorprendente no sólo por la mala imagen de Irán en el concierto de las naciones, sino porque su presidente, el siempre desafiante Mahmoud Ahmadinejad, parece haber entrado en un cono de sombra en su propio país, donde, según se dice, los propios clérigos que rigen los destinos de esa nación teocrática tienen fuertes reparos con respecto a su gestión.
Tradicionalmente la Argentina se caracterizó por su errática política externa, algo que en países maduros políticamente es objeto del mayor de los cuidados sea cual fuera el signo político del gobierno de turno. La relación actual con Irán no hace más que amplificar nuestra creciente anomia internacional.
