Si bien la Presidente sigue insistiendo en que nuestro canje de deuda fue el más exitoso de la historia (92% de nuestros acreedores privados, en monto, aceptaron cobrar con importantes quitas), los expertos en estas cuestiones saben (y lo vienen diciendo desde hace rato) que el 8% restante (los llamados holdouts -buitres o no buitres-) era potencialmente peligrosos litigando en la justicia norteamericana, y con una alta probabilidad de ganar. Y efectivamente, eso terminó sucediendo.
De hecho, el gobierno de Cristina íntimamente sabía que el fallo final iba a ser desfavorable, ya que la tradición jurídica norteamericana en estos temas es la de acompañar en tercera instancia los fallos de primera y segunda.
Pero sucede que se esperaba ese fallo final desfavorable post 2015 y no a mediados de 2014. Los tiempos se precipitaron, los esfuerzos de lobby internacional no prosperaron, y Cristina y Kicillof hoy están absolutamente perdidos, lo que los ha llevado a lanzar medidas ambiguas y poco conducentes para solucionar el problema.
El problema en detalle
Tras el rechazo por parte del máximo tribunal de los Estados Unidos de tomar la apelación argentina en su pelea contra los fondos buitres, nuestro país enfrenta ahora dos opciones, ambas complicadas.
Una opción (la ideal) es pagar a los fondos buitre (U$S 1.500 millones), negociando con Griesa y los holdouts si todo contado o con bonos a plazo, con el riesgo de que los otros holdouts (los que aún no iniciaron juicio) lleven el monto a pagar a unos U$S 15.000 millones.
La otra opción es incumplir el fallo, no pagar a ningún tipo de holdouts y buscar cambiar la jurisdicción de pago de los bonos que habían entrado en los canjes 2005 y 2010.
Pero hay un problema adicional con la primera opción (acatar el fallo y pagar): al mejorar la oferta a un grupo de acreedores (los fondos buitre que ganaron el juicio), los acreedores que aceptaron las quitas (el 92% del total) podrían reclamar el mismo trato que a los buitres (el 1%), atendiendo a la famosa cláusula RUFO, que vence recién a fin de año. En este punto, de todas formas, no todos los abogados concuerdan. Algunos creen que estos reclamos no prosperarían.
En cambio, si se decide por la segunda opción (desacatar el fallo de la justicia norteamericana), el default es inevitable, ya que los fallos contra la Argentina, que quedaron firmes tras el rechazo de la Corte Suprema de EEUU, implican que el dinero para pagarles a los bonistas (el 92% que aceptó los canjes) será embargado para que “se cobren” los fondos buitres.
De esta forma, y pese a tener el dinero para pagar, nuestro país entraría en el llamado “default técnico”, lo que podría ser parcialmente solucionado si el país lograra cambiar la jurisdicción del pago de esos bonos para evitar el embargo del dinero.
Sin embargo, cambiar la sede de los bonos del canje tiene sus complicaciones, ya que una gran mayoría de los tenedores debe estar de acuerdo con el cambio, y para eso, antes hay que identificarlos, hacerles la propuesta y lograr que acepten, algo no fácil de lograr.
Y lo peor de todo es que el tiempo apremia: el 30 de junio próximo el país debe cancelar unos U$S 500 millones en intereses de bonos del canje.
El default entonces está a la vuelta de la esquina (si bien hay 1 mes adicional para negociar debido a los seguros de default -credit default swaps-).
La ambigüedad de Cristina y Kicillof
La respuesta inmediata del Gobierno, desnudada en los discursos de Cristina el lunes y Kicillof el martes, fue totalmente ambigua: por un lado planteaban negociar con Griesa y los fondos buitres de qué manera pagar (buena señal), pero por el otro anunció el ministro que iba a iniciar un proceso consultivo con los “bonistas del canje” (aquel 92%) para cambiar la jurisdicción de pago de sus bonos, y de esta forma hacerlo vía sede Buenos Aires, en vez de sede Nueva York.
La señal es absolutamente contradictoria, porque con la primera expresamos intenciones de querer cumplir con el fallo adverso de la justicia norteamericana, pero con la segunda mostramos que no queremos acatar el fallo y tan solo evitar el default con el 92%.
El juez Griesa, añoso pero aún con algo de lucidez, se dio cuenta de esta ambigüedad y automáticamente levantó el “stay” (recurso de amparo) que protege de los embargos buitres a nuestros pagos a los bonos del 92% vía Nueva York, y de esta forma nos dejó al borde del default el 30 de junio (extendido 1 mes más por los seguros de default).
Es decir, por un lado se amaga a pagar (se puede negociar hacerlo en bonos y no al contado), y por el otro a no hacerlo, lo que es de una torpeza política llamativa del joven ministro Kicillof, en quien Cristina parece confiar ciegamente.
Sucede que Cristina no quiere “quemar su bandera política de lucha contra los fondos buitres”, pero Kicillof le vende soluciones erradas, con bravuconadas (cambiar sede de pago en bonos del canje) que agravan el cuadro, ya de por sí complejo.
Lo que se debería hacer
La solución negociada es la ideal, es decir, acatar el fallo, pero no pagando todo de contado. El default es mucho peor a perder algo de reservas, justo en un momento cuando veníamos dando buenas señales tras acordar con Repsol (por la expropiación de YPF) y con el Club de París (por una vieja y abultada deuda pre Néstor y Cristina).
El país se encaminaba a poder colocar de nuevo deuda externa, a los fines de no depender tanto de la emisión monetaria para sostener nuestro cuantioso déficit fiscal, y aparte para fortalecer nuestras bajas reservas.
Habíamos subido algunos escalones con lo de Repsol y Club de París, pero ahora retrocedimos varios más, lo que volvió a tensionar a los mercados (dólar paralelo, riesgo país, etc.) y también a las empresas y a los argentinos de a pie.
¿Volvieron los problemas como en enero? ¿Explota el modelo? La gente se hace muchas preguntas nuevamente, y volvió la fuerte incertidumbre macro.
La situación se ha complicado de vuelta, pero hay alternativas, y una situación ideal sería una negociación con los holdouts (el 8% -los que ganaron el juicio y los que aún no lo iniciaron-), pero sin cambio de sede de cobro para el otro 92% del canje.
¿Cómo sería este escenario? Paso a describir el modelo de solución que estamos proponiendo varios economistas, que hoy compartimos la idea negociadora, con emisión de bonos a largo plazo y bajo pago en efectivo (pérdida de reservas) a corto plazo:
Nuestro país debería plantear el pago de la deuda a través de un título público, con intereses y plazos a negociar. Si Griesa aceptara abrir dicha negociación vía un título público (el juez sabe que el país no puede perder el 50% de sus reservas pagando al contado), se podría hacer de dos formas: a la vista del tribunal de Griesa, o través de un “settlement” (acuerdo privado por fuera del tribunal).
De ambas formas, la Argentina negociaría con los fondos buitres el pago de un bono equivalente a los U$S 1.330 millones (el fallo adverso), donde también se podría incluir al resto de los holdouts (el 8%), lo que totalizaría una emisión de entre U$S 10.000 y 15.000 millones, pero a plazos entre 10 y 20 años, lo que haría el costo fiscal mucho más digerible.
La operación se podría hacer con la compra garantizada de alguna entidad privada (al estilo acuerdo con Repsol, donde actuó para la compra garantizada el JPMorgan, operación que reportó a los españoles el cobro cash de aproximadamente U$S 5.000 millones, al venderle rápidamente los bonos del Estado argentino al JPMorgan). Posteriormente la entidad financiera que realiza la intermediación financiera coloca los títulos en el mercado, haciendo su negocio.
Este tipo de acuerdos tiene antecedentes: el mismo fondo buitre Elliot (que nos ganó ahora el juicio) cerró uno parecido en el año 2000 con Perú, por el cual cobró unos U$S 58 millones por un total de deuda emitida (bonos Brady) de U$S 100 millones, comprada a 11 millones de dólares.
El mencionado fondo ganó en esa oportunidad un 400%, en un acuerdo del tipo “settlement”, tras victorias judiciales similares a las que tuvo ahora con Argentina, pero sin llegar a segunda instancia.
Adicionalmente, se debe acordar, en el medio de esta negociación con los holdouts, que Griesa no embargue el dinero por el cual se pagan los bonos del canje 2005 y 2010, lo que no sería difícil de lograr (un nuevo “stay”) si el juez observa voluntad de pago de nuestra parte.
También se debería trabajar para que caiga la cláusula pari-passu (RUFO), y de esta forma no se habilite al 92% que aceptó quitas (en 2005 y 2010) a reclamar mejoras en sus cobros, lo que debería implicar que el acuerdo Gobierno-holdouts salga con fecha enero de 2015, cuando la cláusula ya no esté vigente.
En síntesis, la solución aquí propuesta es viable y con antecedentes exitosos anteriores. Argentina no se puede dar el lujo de caer en default en medio de una fuerte recesión y con un balance de pagos necesitado de ingreso de dólares.
Cristina deberá evaluar si no es más conveniente evitar el desacato del fallo, que sólo traerá más recesión y peligro de crisis cambiaria, a seguir manteniendo las banderas políticas “anti-fondos buitres” y “pro-desendeudamiento”, que encima ya había empezado a quemar con los acuerdos por Repsol y Club de París.
Solo nuestra Presidenta está en condiciones de dar ese paso fundamental: o sigue en la tónica de acercarse a los mercados internacionales nuevamente y aliviar un poco el ajuste interno, o bien se puede llegar a inmolar con sus banderas anti-deuda externa y anti-fondos buitres, que de hecho hoy ya no le sirven demasiado, ni a ella que se retira a casa en 18 meses, ni a una economía que languidece y depende de la emisión monetaria, que podría llegar a empeorar aún más con un nuevo default de la deuda.
