El presidente Michel Temer movilizó ayer a "fuerzas federales de seguridad" contra "una minoría radical" de camioneros que ignoró un acuerdo para poner fin a una huelga que desde hace cinco días colapsa a la economía de Brasil.
La crisis, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, obligó ya a cancelar vuelos por falta de combustible en el aeropuerto de Brasilia, paralizó la totalidad de las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos de esta potencia agropecuaria y provocó una disparada de precios de los combustibles y los alimentos.
"Accioné a las fuerzas federales de seguridad para desbloquear carreteras", dijo Temer en una breve comunicación desde el Palacio de Planalto, en Brasilia.
“Muchos camioneros están haciendo su parte, pero desafortunadamente una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población”, agregó, endureciendo el tono.
Los cuerpos movilizados incluyen a la Policía Federal, la Policía Caminera y las Fuerzas Armadas, según varias fuentes de gobierno, que no supieron sin embargo detallar cuál será la participación de los militares en la operación.
Está previsto que el ministro de Seguridad, Raúl Jungmann, brinde más informaciones en una conferencia de prensa esta mañana.
"La propuesta del gobierno de convocar a las Fuerzas Armadas como instrumento de represión es querer apagar el fuego con nafta: va a instigar el conflicto y dificultar una solución equilibrada", afirmaron en un comunicado conjunto las principales centrales sindicales del país, que se ofrecieron a mediar para encontrar una solución.
Junto al anuncio del gobierno de recurrir a la fuerza, el movimiento sufrió ayer otras presiones: la Policía Federal abrió investigaciones por posibles delitos de asociación "contra la organización del trabajo, la seguridad de los medios de transporte y otros servicios públicos" y la Abogacía General de la Unión (AGU) pidió a la Corte Suprema que ordene el desbloqueo de las carreteras, cuya obstrucción ha generado un "cuadro de verdadero caos".
La ciudad de San Pablo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar bienes privados, como el combustible almacenado en una estación de servicio.
La mayoría de las estaciones allí y en Río de Janeiro estaban vacías porque desde hace días los transportistas no les llevan combustible.
El gobierno y sindicatos de transportistas llegaron el jueves a un acuerdo para suspender por 15 días el movimiento desencadenado por las fuertes subidas del precio del diésel, en contrapartida de concesiones fiscales. Pero algunos gremios no se dieron por satisfechos y ayer el movimiento se mantenía con fuerza, con más de 500 bloqueos en 24 de los 27 estados del país.
Luciano Constant, un camionero autónomo de 43 años que participa en un bloqueo de la carretera BR040 en Duque de Caxias (estado de Río de Janeiro), afirma que quienes participaron en las negociaciones de Brasilia "están creando reglas para ellos, y nuestras reglas son otras".
"Hoy en día, por un flete de 1.000 reales para ir a San Pablo, uno gasta 400 reales en combustible y 400 de peajes. Con los 200 que le quedan ¿cómo va a comer? ¿Qué le va a quedar para su familia?", dijo.
La crisis cuestiona la capacidad de articulación política del gobierno hasta el traspaso de poder en enero próximo y de dar un respaldo eficaz a su candidato, el ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles.
La movilización "pone en evidencia la debilidad del gobierno y va a tener impacto electoral, porque el gobierno va a ser como un leproso: cuando trate de acercarse a cualquier candidatura, todos van a huir de él", dijo el analista político André César.
