La presidenta Dilma Rousseff, la primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado en Brasil, podrá ser sometida a un proceso de juicio político por adulteración de las cuentas públicas que puede derribarla de su cargo.
Tras meses de rumores y amenazas, el presidente de la Cámara de Diputados y archienemigo de Rousseff, el poderoso legislador evangélico Eduardo Cunha, aceptó ayer un pedido de juicio político contra la mandataria de 67 años.
El paso inicial para el juicio político a la presidenta, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, sumerge a la séptima economía del mundo en una crisis de final incierto tras un año turbulento. A esto se suma una profunda crisis económica: Brasil atraviesa una recesión que durará dos años consecutivos según todo pronóstico, la más larga desde 1930-1931.
La decisión de Cunha, investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras, deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados en un primer paso, luego por el plenario de la Cámara y, si es aprobado por una amplia mayoría, el Senado será el encargado de juzgar a Rousseff.
“Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar” el pedido de impeachment, dijo Cunha a periodistas.
Si 342 del total de 513 diputados apoyan la consecución del proceso, Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. Luego, son necesarios dos tercios de la Cámara alta (54 de 81) para que pierda su mandato y sea sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.
“No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil, que la economía pasa por una crisis, el gobierno es un gobierno que pasa por muchas crisis, de naturaleza política, de naturaleza económica”, añadió Cunha, cuyo cargo también está en juego por la investigación de Petrobras.
En una breve declaración televisiva, Rousseff dijo estar “indignada” por el pedido y convencida de que será archivado.
“Tengo la convicción y la absoluta tranquilidad en cuanto a la total improcedencia de ese pedido” de impeachment, afirmó.
La llegada del fantasma
Tras agitar el fantasma del impeachment durante meses, Cunha decidió pasar a la acción el mismo día en que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) comunicaron que votarían a favor de abrir una investigación contra él en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza. Ese proceso tiene el potencial de terminar con su mandato.
El pedido de juicio político aceptado por Cunha contra la mandataria fue realizado por un grupo de juristas independientes -incluido un ex fundador del PT, Helio Bicudo- que la acusan de haber “maquillado” las cuentas públicas para cubrir falencias de su gestión, algo considerado un “crimen de responsabilidad” que conlleva una pena de inelegibilidad.
En octubre, el nonagenario Bicudo dijo: “Es la manera de que Brasil comience a actuar dentro del orden jurídico. Decir que el impeachment es un golpe es equivocado. No es un golpe. La Constitución dice que hay crimen cuando un presidente comete actos contra las leyes. Ya todos saben que Dilma no gobierna, que el país va a los tropiezos fuera de cualquier norma”.
Su presentación cuenta con el apoyo de diversas fuerzas opositoras, entre ellas la del PSDB (centro-izquierda), cuyo candidato Aecio Neves perdió el balotaje contra la actual presidenta en 2014 por un margen de apenas 3%.
Cunha dijo que había rechazado más de 30 solicitudes de juicio político este año, pero que la confeccionada por Bicudo incluía la emisión de decretos que “incumplieron la ley presupuestaria” en 2015, durante el actual mandato de Rousseff, lo cual constituye un delito, según la visión del diputado y la de sus asesores.
La tesis de juzgar a la presidenta ganó fuerza luego de que la auditoría de la República rechazara las cuentas presentadas por el gobierno correspondientes al año pasado, un duro revés cuyo único antecedente databa de 1936.
En medio de una crisis que no cedía, Rousseff llegó hasta concretar una reforma ministerial para cederle más poder a fuerzas aliadas de la coalición que encabeza, fundamentalmente del partido de Cunha, el centrista PMDB, con el objetivo de frenar la avanzada de un eventual juicio político.
Pero los embates del escándalo de corrupción en Petrobras que pegaron de lleno en el PT y llegaron hasta las puertas del palacio de Planalto, así como la caída de la economía en una recesión profunda que se extenderá al 2016, según todos los pronósticos, fueron quitando fuerza a esa decisión.
