Para el próximo viernes, se espera que el Tribunal Oral Federal 1 dé su veredicto en el juicio contra Amado Boudou por falsificación de documentos públicos en la venta de un auto. La conocida como causa “del 08”.
Es posible que días antes, un fiscal federal pida llevar a juicio el expediente en el que el ex vicepresidente es investigado por la compra de 19 autos de alta gama durante su gestión al frente del Ministerio de Economía, en 2009.
No serán éstas las únicas novedades judiciales para el ex vicepresidente tras la feria invernal que termina mañana: concretada probablemente en estos días una serie de medidas, el Tribunal Oral Federal 4 estará en condiciones de fijar la fecha para el juicio oral de la llamada “causa Ciccone”.
El impacto en la escena política de esta secuencia judicial que transcurrirá en medio de la campaña electoral será inevitable. Boudou, sucesivamente, fue titular de la Anses, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación, a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista.
En la actual campaña electoral, es notable su ausencia. Cero protagonismo. Frente a las causas judiciales que lo aquejan, desde el kirchnerismo se reitera un argumento: “no le perdonan que él haya sido el mentor de estatizar las AFJP”.
Pero lo cierto es que todas esas novedades que se esperan ocurran en los próximos días, se darán en la previa caliente de las primarias abiertas del 13 de agosto, que tienen a Cristina Kirchner como protagonista en la provincia de Buenos Aires.
En el juicio por irregularidades en la venta de un Honda CRX, que había comprado en 1993, la fiscalía pidió tres años en suspenso bajo la acusación de falsificar documentos para la transferencia del auto. El próximo viernes se conocerá el veredicto. “Presiento que se va a conocer que soy inocente”, vaticinó Boudou.
Tres Passat, tres Vento y 13 Bora. Todos VW. La compra de esta flota de autos cuando Boudou titular de Economía derivó en su procesamiento, confirmado por la Cámara Federal.
Previo a la feria judicial, en Comodoro Py, dominaba la versión respecto a que el fiscal federal Ramiro González pedirá llevar a juicio oral a Boudou, acusado por el delito de “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio del Estado”. Se sospecha que no se cumplieron los pasos legales para la compra de los autos.
La causa Ciccone atravesó distintas instancias y pronto se conocerá la fecha de inicio del juicio oral. Días atrás, Boudou pidió que se convoque al juicio a unos 60 testigos, entre ellos, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y al conductor televisivo Víctor Hugo Morales.
También solicitó que se investigue “la ruta del dinero” en la operación de rescate de la quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica SA, ocurrido en 2010. Debe resolver el Tribunal Oral Federal 4.
Son seis los acusados. A Boudou “se le imputó que, como funcionario público, adquirió a través de la firma The Old Fund el 70% de la firma Ciccone Calcográfica SA, de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone (ya fallecido), a cambio de realizar actos necesarios para salvar a la empresa que se encontraba quebrada”.
“Para ello requirió la colaboración de (su amigo) José Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele (titular de The Old Fund), Rafael Resnick Brenner (funcionario de AFIP) y Guido Forcieri (funcionario de Economía). Cada uno de ellos cumplió un rol específico en la maniobra”, acusó el fiscal Jorge Di Lello.
El plan -para el fiscal- incluía el levantamiento de la quiebra, la compra de la imprenta por medio de una pantalla como The Old Fund y, luego, la obtención de un certificado que la habilite a ser contratada por el Estado Nacional.
En su declaración indagatoria, Boudou negó conocer a los Ciccone y a Vandenbroele. Dijo que nunca ejerció influencia para levantar la quiebra de la imprenta. Admitió saber, no obstante, que su amigo Núñez Carmona conocía a Vandenbroele.
Para Boudou hay pruebas suficientes que hablan de un negocio entre la familia Ciccone y la empresa que dirigía Vandenbroele (The Old Fund) para sacar de la quiebra a la imprenta, proceso en el que no tuvo nada que ver.
Según se desprende del expediente, Nicolás Ciccone declaró que el gobierno kirchnerista tuvo una actitud hostil con su empresa. El empresario está acusado por “cohecho” (coimas).
Vandenbroele defendió la negociación entre The Old Fund y los Ciccone para la cesión del paquete accionario. A cambio, él conseguiría fondos para levantar la quiebra. Ocurrido esto, en octubre de 2010, Vandenbroele fue nombrado director de Ciccone Calcográfica SA. En su declaración indagatoria negó conocer a Boudou. La imprenta fue estatizada en 2012.