A mediados de febrero, el juez a cargo de la causa Ciccone Calcográfica, Ariel Lijo, rechazó una serie de planteos, entre ellos el del ex vicepresidente Amado Boudou, para evitar que la misma fuera a juicio oral. El magistrado no hizo lugar a los recursos presentados por los procesados, quienes habían solicitado la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio presentados por el fiscal Di Lello y la Oficina Anticorrupción, afirmando que la investigación no está completa y que el juicio oral podría afectar sus posibilidades de defensa.
Con su decisión, Lijo despejó el camino para la etapa de debate en una causa que se inició en febrero de 2012, como consecuencia de la denuncia presentada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten ante la Cámara Federal porteña. Poco después, el caso cobró aún mayor notoriedad con las declaraciones de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, quien mencionó la supuesta relación de su ex marido con el ya entonces vicepresidente.
Si bien el magistrado no indicó el delito sino que describió conductas y hechos, Boudou está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, delito que tiene una pena de hasta 6 años de prisión e inhabilitación absoluta de 3 a 10 años para “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo”.
Según se afirma, Boudou habría adquirido, junto a otras personas, la imprenta Ciccone a través de distintas maniobras, que van desde su intervención en la AFIP para el levantamiento de la quiebra, hasta la concreción de negocios con el Estado. De acuerdo con la acusación, Boudou, junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona, se reunieron con la familia Ciccone, dueños de la empresa, en dos oportunidades para negociar el levantamiento de la quiebra de la compañía, que había sido decretada por la Justicia. Tras tres reuniones, se acordó que The Old Fund adquiriera el 70 por ciento de Ciccone, tras lo cual se produjo la intervención de Boudou ante la AFIP.
Cabría recordar que Ciccone Calcográfica es el nombre de una imprenta privada, cuyos bienes son administrados actualmente por la Casa de la Moneda. Es la única que cuenta con la tecnología necesaria para la fabricación de billetes y documentos con medidas de seguridad, como patentes de autos, pasaportes y diplomas universitarios, entre otros.
The Old Found, por su parte, es una empresa off shore constituida en Panamá, que luego operó en la Argentina, cuya operación fue la refinanciación de la deuda de Formosa por la que percibió, siendo Boudou ministro de Economía, 7,6 millones de pesos, que cobró en efectivo y de inmediato. La empresa financió los viajes al exterior del hermano de Boudou y de Núñez Carmona.
Las actuaciones judiciales respecto del accionar de Amado Boudou, antes y durante su gestión pública, son numerosas, pero lo que ciertamente llama la atención es la lentitud con que avanza la causa Ciccone Calcográfica. El propio juez de la causa ha señalado que han pasado dos años desde los procesamientos de los acusados, por lo que mantenerlos estancados “no sólo atentaría contra la razonabilidad del plazo del proceso sino que también sería contrario a los principios de celeridad y lucha contra los delitos de corrupción”.
Es de esperar que esa afirmación del magistrado sea llevada a la práctica y actúe en consecuencia. Es lo que espera la ciudadanía, más allá de que la decisión final determine la culpabilidad, o no, de los funcionarios involucrados.
