El actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, tuvo un crecimiento político espectacular durante la gestión kirchnerista. Ingresó como analista de sistemas en la Anses, en 1998, y luego fue designado por Sergio Massa como gerente de presupuesto en el organismo.
Después de un breve paso como funcionario en el Partido de la Costa, volvió a la Anses como gerente previsional, hasta que en 2008 fue designado titular del organismo por Cristina Fernández de Kirchner.
Fue este último cargo el que lo potenció a nivel político, en razón de que el punto sobresaliente de su gestión fue la estatización de los fondos que se encontraban en manos de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
El salto al Ministerio de Economía fue inmediato y la decisión de Cristina Fernández de Kirchner, en junio de 2011, de designarlo como su compañero en la fórmula presidencial, sorprendió a propios (los peronistas, en razón de que no era un hombre de extracción justicialista), pero no a extraños, que ya veían en él a un hombre con apetencias políticas desmedidas.
Poco menos de dos meses después de haber asumido su cargo como segunda autoridad de la Nación, Amado Boudou se vio involucrado, de cuando era ministro, en la compra de la Compañía de Valores Sudamericana, una empresa por entonces privada que contaba con la tecnología necesaria para imprimir papel moneda.
De acuerdo con las denuncias, el actual vicepresidente utilizó a testaferros para la compra de la ex Ciccone. En este caso, Boudou cuenta con por lo menos diez hechos que lo comprometen ante la Justicia y no es el único en el que se lo investiga.
Sin embargo, en la Argentina se han multiplicado los episodios que llevan a pensar que hay influencias sobre la Justicia en la intención de “despegar” al vicepresidente de las denuncias, como sucedió con el apartamiento del entonces juez de la causa, Daniel Rafecas; del fiscal Carlos Rívolo y del jefe de los fiscales, Esteban Righi, designándose en este último lugar a la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó que hoy está haciendo algo parecido a lo que el gobierno hizo en defensa de Boudou con el caso Lázaro Báez, intentando echar al fiscal José María Campagnoli, de modo alevoso.
En síntesis, sobran los “antecedentes” respecto de las causas que puedan comprometer a ciertos funcionarios K y las reacciones de parte del Ejecutivo en su defensa avasallando para ello, si es necesario, todas las instituciones.
La Argentina se encuentra ubicada entre los países más corruptos del mundo, de acuerdo con el índice de corrupción que elabora Transparencia Internacional. Si quiere modificar esa calificación, si su objetivo es mejorar la credibilidad para favorecer las inversiones, debe dejar actuar libremente a la Justicia, sea quien fuere el investigado.
