Sociedad
Para este miércoles se espera “tiempo bueno” en Mendoza: cuál será la máxima
hace 10 horas
La Administración Nacional de la Seguridad Social (
ANSES
) negó hoy que haya participado de una operación de financiamiento para el pago de compromisos
de CAMMESA y ENARSA
a la petrolera venezolana
PDVSA
y señaló que es "habitual" la suscripción de letras del Tesoro, "por un monto aproximado de 30.000 millones de pesos" anuales.
"El FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) sí ha efectuado una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012, por un valor nominal de ochocientos treinta y cinco millones de pesos y por un plazo de 365 días. Esta práctica es habitual y el FGS suscribe títulos públicos de modo anual por un monto aproximado de 30.000 millones de pesos", señaló la ANSES en un comunicado.
La letra suscripta por el FGS fue validada por la resolución conjunta 341 de Hacienda y 84 de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial el 28 de junio de este año, es decir siete meses después de su fecha de sanción.
La ANSES explicó que "en la citada operación han intervenido en forma previa las áreas técnicas competentes, afirmando que el rendimiento es adecuado y razonable para el sistema financiero. Se ha emitido el correspondiente acto administrativo y cumplido todos los requisitos de procedimientos".
"Asimismo, la suscripción fue aprobada por el Comité de Inversiones del FGS por adecuarse a las normas y procesos vigentes y a los lineamientos de la Política de Inversión definidos en las Líneas Directrices para la Inversión de Activos del FGS y al Plan de Inversiones del FGS para el ejercicio 2012", añadió.
Ayer,
el fiscal federal Federico Delgado dispuso investigar a Bossio
al formular el "requerimiento de instrucción" en una denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió y la candidata a senadora Fernanda Reyes y que también alcanza a los secretarios de Finanzas y de Hacienda, Adrián Cosentino y Juan Carlos Pezoa, respectivamente.
Esto significa que quedó formalmente abierta una causa penal para determinar si esos funcionarios públicos cometieron algún tipo de delito.
El supuesto delito es el desvío de fondos destinados al pago de jubilaciones hacia otros fines.
