El presidente Macri firmó el decreto por el cual establece un bono de fin de año de $ 5.000 para la actividad privada, que podría ser pagado en varias cuotas. De la misma forma se estableció un bono de $ 5.000 para empleados estatales nacionales y resta saber qué actitud se tomará con jubilados y pensionados. En todos los casos se trata de sumas no remunerativas, es decir, que no acumulan para aguinaldos ni devengan obligaciones de pagar cargas sociales.
El mismo decreto establece una especie de traba para el despido de empleados al exigir una comunicación previa de 10 días ante el Ministerio de Trabajo, donde se desarrollará una especie de mediación. No se habla de prohibición de despidos, pero se establecen obstáculos para cualquier ruptura de los vínculos laborales.
Más allá de comprender la situación generada que ha afectado el poder adquisitivo de los trabajadores activos y pasivos, resulta incómodo que el Gobierno obligue a las empresas a pagar estas sumas sin atender a las situaciones particulares de cada una.
Es que la crisis de los trabajadores es una derivación del impacto de las medidas económicas sobre las empresas, donde convergen no sólo la crisis sino también las soluciones pensadas para superarla, como los aumentos de impuestos.
La decisión del Gobierno, tomada como iniciativa para desarticular una medida de fuerza por 36 horas anunciada para fecha cercana a la realización de la cumbre del G-20, se generó en base a un diálogo entre el Ejecutivo y entidades empresarias y la CGT.
De todos modos, la decisión podría haber quedado como una negociación entre empresarios y sindicalistas donde el Gobierno fuera el observador. Pero tomar la decisión por decreto pone un antecedentes acerca de la forma en que el Ejecutivo responde a los caprichos sindicales.
La decisión, además, toma en muy mal momento a pequeñas y medianas empresas que están peleando contra una fuerte caída en las ventas, presión de costos y créditos imposibles de tomar por los altos costos de las tasas de interés.
Y por más que el decreto abre la posibilidad de que el bono pueda ser tomado a cuenta de futuros aumentos, genera una obligación adicional en un momento del año en el que también se debe abonar aguinaldo.
Por otra parte, la decisión de poner trabas para disolver relaciones laborales no es conveniente, ya que genera una turbulencia en momentos en que se requiere cierta flexibilidad para que las empresas se animen a tomar trabajadores o corregir situaciones que a veces son insostenibles.
La generación del bono para empleados estatales también pone en duda la convicción del Gobierno de aplicar un verdadero ajuste fiscal en el Estado y muestra que para muchos políticos, de cualquier signo, es más fácil exigir al sector privado que generar las reformas necesarias en el sector público. Esta decisión también provocará tensión adicional en algunas provincias y municipios, que deben lidiar con menores recursos derivados de una caída del nivel de actividad económica.
Todos los vaticinios indican que este fin de año y el primer trimestre del próximo serán complejos y es razonable que el Gobierno intente desactivar movilizaciones generadas por algunos sectores que apuestan al caos, pero debe considerarse que la situación de las empresas es muy mala.
Salvo contados sectores, el resto está mostrando balances con pérdidas muy significativas y no se puede seguir presionando, más cuando oficialmente se toma esta medida sin ofrecer compensación alguna.
