El bono Aconcagua tiene muchas vidas. La oficial terminó en setiembre del año pasado, cuando los acreedores que aceptaron el canje por otro bono, el Mendoza 18, cobraron la última cuota que pagó la provincia. Pero había otra latente en el reclamo de un bonista de Nueva York, quien inició su demanda en 2016.
Ese reclamo ayer tuvo cierre judicial, porque la Corte de Apelaciones del segundo circuito federal de Estados Unidos entiende que una vez vencido el plazo para reclamar el capital adeudado, no existen bases legales para reclamar los intereses.
Los observadores indican que el reclamo de ese bonista, Moshe Marcel Ajdler, implicaba que Mendoza iba a pagar intereses para siempre, a pesar de que ese capital estaba vencido desde hace años. Pero también, en caso de ganar esa demanda, muchos otros tenedores de bonos con capital vencido también podrían reclamar a Argentina y a algunas provincias que tienen deuda vencida dando vueltas en el mercado financiero.
El bonista tiene la opción de ir a la Corte Suprema estadounidense, pero en Mendoza estiman poco probable que eso pase. Es que el máximo tribunal de ese país sólo admite 70 causas anuales de las dos mil que se presentan y se entiende que el reclamo es casi una exploración para ir por otros bonos en la misma situación.
La historia empezó en agosto de 2016, cuando llegó a Casa de Gobierno la primera carta documento firmada por un abogado célebre: Robert Cohen, que representó al fondo NML de Paul Singer, el que causó tanto dolor de cabeza durante la presidencia de Cristina Fernández.
"El abogado que mandó la carta documento es Cohen, el que le ganó los juicios a la Argentina, pero la demanda no la inició él; la llevó el estudio de un abogado que había trabajado para Cohen", relató a Los Andes el fiscal de Estado Fernando Simón.
En 2017 se presentó la demanda judicial. El reclamo podría dividirse en dos: por un lado era por capital e intereses, así lo consignaba este diario en su edición del 25 de mayo de 2017, aunque también se reclamaba intereses después del plazo de "maduración de la deuda", es decir si el capital estaba prescripto.
Según el fiscal de Estado de la provincia, en el contrato original del bono Aconcagua había una cláusula en la que se indicaba que los intereses se continúan pagando hasta que se liquida el capital. "La interpretación de ellos era que como no está pagado el capital, entonces la provincia debería pagar para siempre".
Hubo fallo de primera instancia en agosto de 2017; un mes después Ajdler presentó la apelación. El bono Aconcagua se emitió bajo ley del Estado de Nueva York, por lo que la Cámara de Apelaciones federal le pidió opinión a la Corte de Nueva York. El 19 de marzo de este año Los Andes publicó el resultado de esa consulta: el tribunal estadual le decía al federal que una vez madurado el capital no se podía cobrar intereses.
Ayer se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones del segundo circuito federal y en sintonía a la opinión de la Corte de Nueva York, le dio un respiro a Mendoza diciendo que prescripto el capital, no puede haber reclamo de intereses.
La historia de la deuda
El bono Aconcagua fue una emisión por 250 millones de dólares realizada en 1997 por el entonces gobernador Arturo Lafalla. En 2004, con Julio Cobos en la gobernación, se llevó adelante el canje de esos bonos por el Mendoza 18.
Se lograron canjear algo más de 230 millones de dólares; con el correr de los años se recuperaron un poco más de U$S 8 millones por pagos de deudas impositivas y quedaron sin canjear U$S 10.588.000.
De esos 10 millones y medio de dólares, Moshe Marcel Ajdler juntó U$S 7.050.000 y empezó a reclamar eso más intereses ( U$S 23 millones en total). En marzo de 2017 se presentó en la justicia.
Unos meses antes, en diciembre de 2016, Alfredo Cornejo viajó a Estados Unidos con el entonces ministro de Hacienda Martín Kerchner, el secretario Lisandro Nieri y el fiscal de Estado Simón. La comitiva se entrevistó con cinco estudios jurídicos especializados en mercados de capitales. Y eligieron al buffet Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton que en 2005 ya había defendido a Mendoza en los juicios que plantaron dos bonistas: "Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd. y Greylock Global Distressed Debt Master Fund Ltd. contra Provincia de Mendoza" y "Rabi contra Provincia de Mendoza".
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton cobra por hora. No hay datos de cuánto le costó a la Provincia la representación. Pero tanto Nieri como Simón sostienen que lo que cueste es más barato que perder el juicio. "El reclamo original era por casi mil millones de pesos", recordó Nieri, en un rápido cálculo mental al precio del dólar de ayer.
Satisfacción en el Gobierno pese a los honorarios legales
El ministro de Gobierno Lisandro Nieri fue uno de quienes pilotearon el canje de deuda de 2004. En aquellos días era funcionario del gobierno de Julio Cobos y ahora recuerda que la intención era bajar los intereses que había obtenido la provincia en el '97, un 10,1%: "Renegociamos a 5,5% y con la diferencia de los intereses se pagaba capital", relató.
El cierre judicial, siempre y cuando Moshe Marcel Ajdler no continúe el reclamo ante la Corte de Estados Unidos, tiene un valor a la hora de acudir a los mercados de capitales: "El reclamo del bonista nos sacó algo de tiempo y honorarios, pero en la historia de Mendoza no existe ningún tipo de contingencia y eso vale muchísimo. Hay que presentar qué tamaño, qué presupuesto, qué déficit y qué posibilidades de contingencias. Y nosotros no tenemos ninguna".
