El juez federal Claudio Bonadío ordenó ayer suspender las elecciones presidenciales que debían realizarse en el Club River Plate mañana y el comicio se realizaría el 17 de diciembre, informaron fuentes judiciales.
La decisión del magistrado fue tomada en el marco de la causa en la que se investigan posibles irregularidades en el padrón electoral y la presunta falsificación de documentos para que distintas personas pudieran votar con la identidad de socios vitalicios fallecidos.
Ayer se habían realizado las primeras medidas de prueba, por lo que el juez Bonadío consideró que la eventual realización de las elecciones este fin de semana no ocurriría en las condiciones óptimas, según informaron fuentes judiciales.
La Justicia Federal había allanado el estadio Monumental y se había llevado el padrón impreso y una copia digital, a pesar de que el fiscal federal que interviene en el caso, Jorge Di Lello, no había sugerido esa medida compulsiva sino una con el mismo objetivo pero con carácter colaborativo.
El miércoles la Comisión Electoral de River había aprobado el padrón por unanimidad luego de recibir una devolución por parte del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en la que fueron señaladas como fallecidas unas 1.300 personas, hecho que quedó indicado en registro oficial que se iba a utilizar en el acto eleccionario suspendido.
El padrón con el que se iba a votar iba a incluir en los casos comprobados la aclaración “el socio se encuentra fallecido según el registro de Renaper”, informaron desde River Plate, al tiempo que aclararon que ese organismo es el que mayor información puede aportar de cara a la confección del registro de votantes.
Si bien la denuncia que dio origen a la investigación por "posible falsificación de documento" que lleva a cabo Bonadío daba cuenta de unos 5 mil casos cuestionados, el Renaper sólo identificó 1.200, por lo que la Comisión Electoral decidió mantener al resto de los socios cuestionados en el padrón, según informaron desde la institución millonaria.
Para el caso de que un socio cuestionado asistiera a la votación, el club había determinado que debería constatar su identidad frente a la Comisión Electoral con su carnet de socio vitalicio, su DNI y también sellar con su huella digital una planilla para poder comprobar, ante una posible impugnación, que es la misma persona que figuraba en el padrón.
El fiscal Di Lello había sugerido acompañar las medidas dispuestas por el club con la presencia de agentes de la Inspección General de Justicia (IGJ) que controlen la votación de mañana en River y con un amplio operativo de seguridad para evitar posibles maniobras fraudulentas.
Al sugerir las medidas -que resultaron insuficientes a criterio del juez- el fiscal sostuvo en su dictamen que todavía no había elementos para realizar una imputación concreta contra algún acusado por la posible falsificación de documentos pero sí aludió a cinco mil casos cuestionados de un padrón de 52 mil electores.
La denuncia que dio inicio al expediente había sido presentada a través de un escrito anónimo en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán quien realizó una investigación preliminar y luego formalizó una denuncia ante la Cámara Federal porteña, en la que sostuvo que había personas fallecidas que podían estar habilitadas para votar.
