Sociedad
A 3 años del asesinato de Lucio, el desgarrador mensaje de su abuelo: “Lo imagino jugando en la plaza conmigo”
hace 1 hora
El juez federal Claudio Bonadio llamó hoy nuevamente a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, a ex funcionarios kirchneristas y a un grupo de unos 100 empresarios de construcción por estar presuntamente ligados al pago de sobornos.
Entre los ex funcionarios se encuentran Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, quienes actualmente están detenidos en distintos complejos del Servicio Penitenciario Federal por diversas causas
Y entre los hombres de negocios que deberán declarar –con riesgo de quedar detenidos- son los ex presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción durante el kirchnerismo, Carlos Wagner y Juan Chediack.
Asimismo, deberá volver a presentarse en los tribunales de Comodor Py el empresario Ángelo Calcaterra, primo hermano y ex socio del jefe de Estado, Mauricio Macri.
La actual senadora nacional por Unidad Ciudadana, sus ex colaboradores y los hombres de negocios deberán presentarse para declarar ante el juez y los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo en el transcurso de los próximos tres meses a partir del 20 de febrero, confiaron fuentes judiciales a este medio.
Se trata de un nuevo avance en la denominada causa de los cuadernos de la corrupción, por el presunto pago de sobornos entre 2008 y 2015 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a quien la justicia apunta como la jefa de una asociación ilícita.
Los investigadores de la fiscalía de Stornelli y del juzgado de Bonadio habrían descubierto nuevas ramificaciones en el supuesto pago de sobornos a ex funcionarios, por lo que la ex mandataria deberá presentarse por tercera vez a indagatoria ante el magistrado.
Antes de confirmar el llamado a indagatoria de estas 101 personas, Bonadio ordenó unos 82 operativos en los que se obtuvo información sensible para la causa, explicaron las fuentes judiciales consultadas.
Esos operativos fueron requerimientos de información y allanamientos a 71 empresas en al menos catorce provincias durante noviembre, diciembre y enero. Todas las firmas investigadas estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.
