No sin polémicas, ayer finalmente el juez Claudio Bonadio hizo efectiva su decisión de allanar propiedades de la senadora nacional Cristina Fernández, en el marco de la llamada "causa de los cuadernos".
Alrededor del mediodía, casi en simultáneo, un triple operativo se distribuyó entre el departamento porteño, el chalet en Santa Cruz y la casa de El Calafate, todas propiedades de la expresidenta.
Carlos Beraldi, su abogado defensor, denunció que Bonadio le impidió presenciar el allanamiento del departamento de Juncal 1306 y dijo que pedirá el juicio político del magistrado.
A la par de los allanamientos, la actividad en Comodoro Py no se detuvo: ayer ampliaron sus declaraciones el financista Ernesto Clarens y el exsecretario de Obras Públicas, el inefable José López; también fue detenido Alberto Taselli, hermano del empresario Sergio Taselli, quien había quedo preso el martes también por orden del juez a cargo de la causa.
El allanamiento al quinto piso de 280 metros cuadrados donde vive Cristina Fernández, en La Recoleta, implicó un espectacular despliegue de siete camionetas negras de la policía federal. Quien abrió la puerta del departamento fue Beraldi, porque Cristina había pasado la noche en la casa de su hija Florencia, en el barrio porteño de Monserrat.
"Por disposición del juez Bonadio, fui obligado a retirarme del domicilio y a evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento. Se está consagrando una clarísima arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento, que contradice expresamente lo que el Congreso de la Nación ayer aprobó.
El juez evitó que la defensa cumpla con su trabajo. Es decir, una vez más se pone en claro que estamos frente a una farsa y no un procedimiento judicial que se lleva adelante en clara violación en contra de los principios del estado de derecho", denunció Beraldi, en una improvisada conferencia de prensa en la vereda de la calle Juncal.
"Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y vamos a requerir el juicio político (de Bonadio)", completó el abogado de Cristina.
El allanamiento en el departamento porteño se extendió por unas diez horas. La expresidenta estuvo durante toda la tarde en el Instituto Patria, siguiendo las noticias que llegaban de los allanamientos a sus tres casas.
Fuentes kirchneristas admitieron, en cambio, que el operativo llevado adelante por la justicia en el chalet de la familia Kirchner en la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz) pudo ser monitoreado por un abogado defensor.
"Ahora estamos averiguando si los dos testigos son gente cercana a Costa", denunció la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti, en referencia al también senador nacional Eduardo Costa, un empresario radical patagónico, viejo enemigo político de los Kirchner.
El departamento de Juncal 1306 aparece en distintos apuntes del chofer Oscar Centeno, cuyos cuadernos espiralizados dieron inicio a la investigación del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio. Según Centeno, chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vio en el ministerio de Planificación Federal, en varias oportunidades se llevaron bolsos con dinero a ese departamento.
Claudio Uberti, funcionario kirchnerista apartado del Gobierno nacional en diciembre de 2007, declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos. Uberti aludió a "unos 60 millones de dólares" escondidos en el departamento de La Recoleta. Sin embargo, admitió no haber visto ese dinero y dijo saber de ello a través de "comentarios".
En la llamada "causa de los cuadernos", el fiscal Stornelli acusó a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner de ser las cabezas de una presunta asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios ligados a la obra pública.
Mientras se desarrollaban los allanamientos, volvieron a declarar ayer el financista Ernesto Clarens y el ingeniero José López.
