Los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia siguen siendo un apoyo insustituible a las operaciones de seguridad y de auxilio a la población en distintas emergencias. De no contar con estas entidades del sector civil, el Estado debería duplicar o triplicar equipamiento y personal para atender los requerimientos que surgen día a día en la comunidad.
Por eso insistimos siempre desde estas columnas en la necesidad de apoyar y reforzar a los distintos cuarteles de voluntarios, diseminados en el territorio provincial.
La gama de prestaciones de estos servicios es tan amplia como la realidad cambiante del diario vivir y sus miembros, que generalmente no cobran nada y surgen de los barrios y distritos, realizan labores de extinción de incendios, búsqueda, salvamento, rescate tras siniestros viales y otras actividades, como conducir los vehículos y hacer guardias en sus bases.
Es tal el compromiso que estas asociaciones tienen con la población, que en ocasiones sus miembros son los únicos actuantes en casos en los que se pidió auxilio. Ocurrió, por ejemplo, durante el fin de semana pasada en Guaymallén, donde los servidores del cuerpo bomberil departamental intervinieron en dos accidentes vehiculares seguidos de incendio y en la extinción de fuego en una vivienda, sin que tuviera que actuar el Cuartel Central de la Policía de Mendoza. Hasta en ocasiones, los voluntarios han actuado para salvar la vida de animales, como no hace mucho ocurrió en el canal Cacique Guaymallén, de cuyas aguas y de una muerte segura; los servidores particulares rescataron a una perra que había caído a la correntada. Para algunos tal vez un evento menor, pero para otros se plasmó en esa tarea una muestra de solidaridad y sensibilidad.
Merituamos como tarea interesante que el año pasado Defensa Civil (DC) del Gobierno local haya inspeccionado los cuarteles de bomberos voluntarios que están inscriptos en Mendoza. El operativo tuvo la función de comprobar que las entidades cumplan con los requisitos para prestar servicios a la comunidad. A partir de las resoluciones 420/1003 y la 1219/11 del Ministerio del Interior de la Nación, las defensas civiles provinciales son las encargadas de emitir el Certificado de Operatividad de los cuarteles de voluntarios. Para eso fueron las “visitas” y el pedido de cierta documentación necesaria, que posteriormente analizó el organismo provincial. Por su parte, la Ley 7679 de Bomberos de la Provincia establece que Defensa Civil (DC) es el organismo de contralor para estas organizaciones sin fines de lucro.
El Certificado de Operatividad no impide que sigan trabajando pero al ser remitido a la Protección Civil de la Nación, los cuarteles dejan de percibir los beneficios que tenían; entre ellos, subsidios anuales cercanos al millón de pesos.
Además de esta función, las autoridades de Defensa Civil intentan acompañar a los cuarteles para que compongan, de tenerlas, las falencias, y logren la operatividad, ya que son conscientes de la valiosa función que cumplen en las respectivas regiones.
Los cuarteles que están operativos, por tener sus aspectos administrativos y con suficiente personal para atender durante las 24 horas las guardias son menos de diez, y alcanzan a los ubicados en Luján de Cuyo, Maipú, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Tunuyán, Bowen (General Alvear), Salto de las Rosas (San Rafael) y Lavalle. En una posición más delicada hay otros ocho cuerpos, entre ellos Palmira, con más de medio siglo de actividad, que están con problemas de operatividad.
Pese a los momentos complicados de la situación financiera del Estado mendocino, no se debería perder de vista la realidad de las agrupaciones de bomberos voluntarios y ayudarlas para restablecer su plena acción y que sigan prestando servicios y no retrocedan más. Si desaparecen, vastas zonas quedarán más desprotegidas.
