El 1 de enero asumió en Brasil el presidente electo Jair Bolsonaro, quien rápidamente comenzó a tomar decisiones que, seguramente, van a generar polémicas aunque vale recordar que todas fueron promesas de campaña, por lo que nadie puede considerarse sorprendido. Con una impronta muy fuerte de las iglesias evangélicas, el ex militar está empezando a dar forma a propuestas que lo llevaron al triunfo.
Después de más de diez años de gobierno del socialista Partido de los Trabajadores, la llegada de este personaje, no extraño a la política pero considerado un marginal dentro de ella, parece ser la resultante de un proceso de degradación moral de la clase dirigente de Brasil, fenómenos que se ha visto en varias democracias latinoamericanas, como Venezuela, Perú o Ecuador.
Este presidente, que ha prometido echar del gobierno a todos los partidarios del comunismo, no se va a caracterizar por ser” políticamente correcto” sino que actuará firme con sus convicciones que, en muchos casos, implica retroceder en varios cambios que se habían generado en materia social, como los reconocimientos de derechos sociales y humanos a las comunidades Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), así como con las comunidades indígenas.
Por otra parte, el otrora diputado federal va perfilando una aceleración en la lucha contra la corrupción y para ello fusionó los ministerios de Seguridad Pública y de Justicia bajo el comando del ex juez Moro, quien fue el magistrado encargado de llevar adelante el proceso judicial conocido como "Lava Jato", que terminó encarcelando a ex funcionarios, empresarios y al mismo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Brasil viene saliendo lentamente de una profunda recesión en la que cayó, luego de los gastos asumidos para organizar los Juegos Olímpicos y también el Campeonato Mundial de Fútbol en 2014. Pero todo se precipitó cuando comenzó el "Lava Jato", que sacó a relucir miles de causas de corrupción en la contratación de obras pública. Con posterioridad a esto, se paralizó el proceso de inversión y, parte de 2018 también sufrió por la suba de las tasas en EEUU, aunque menos que Argentina.
El actual titular del Ejecutivo ha prometido cambios importantes en las reglas de juego de la economía. En principio, anunció la intención de privatizar 12 aeropuertos y 4 puertos marítimos, así como dar en concesión construcción y mantenimientos de carreteras, en un modelo similar al de Chile. Con estas decisiones el gobierno calcula recaudar unos U$S 2.000 millones, pero el mayor compromiso es el de mantener sanidad fiscal para evitar tener inflación. Pero la sanidad fiscal vendrá de la mano de una reducción del gasto del Estado porque, además, el ministro Paulo Guedes ratificó el compromiso de comenzar a bajar impuestos.
Un punto neurálgico, sobre el cual hizo promesas pero aún no se explayó, está referido al futuro del Mercosur. El flamante mandatario quiere abrir la economía y negociar nuevos tratados bilaterales con otros países, pero los términos del Tratado de Asunción no se lo permiten. La forma de una unión aduanera imperfecta no posibilita negociaciones bilaterales entre países miembros y han sido los lobbys empresarios e industriales de Brasil, quienes se vinieron oponiendo a varios acuerdos, como el pendiente con la Unión Europea.
En este aspecto, Mauricio Macri, quien ejerce la Presidencia pro tempore del Mercosur por seis meses, al asumir su cargo planteó la necesidad de flexibilizar el Tratado, con lo cual tendría coincidencia con Bolsonaro. El 16 de este mes Macri viaja a Brasil y comenzarán las conversaciones, que no deberían dilatarse mucho, fiel al estilo del recién asumido mandatario.
En principio existe la idea de bajar el arancel externo común, pero luego deberán estudiar las estructuras jurídicas del Mercosur para encontrar la flexibilidad que ambos mandatarios buscan. Cualquiera sea la forma, será positiva para todos los miembros, porque dicha flexibilización favorecería a Uruguay y Paraguay por igual.
Pero Argentina debe acelerar su sistema de reformas. Es vital abrir la economía, pero no se puede lograr con la actual carga impositiva porque hace imposible la competitividad y aleja las inversiones, tanto locales como extranjeras. Es un camino que, si se comienza a recorrer, no tiene vuelta atrás y deberá profundizarse con la mayor velocidad posible.
