La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se pronunció respecto de la demanda de Bolivia que obligara a Chile a negociar una salida al Pacífico con un acceso soberano, argumentando que en diversas oportunidades Chile había mantenido conversaciones respecto del tema.
El proceso había comenzado en 2013. En su presentación el gobierno boliviano solicitó que se pronunciara sobre tres cuestiones:
1) Que Chile tenía la obligación de negociar.
2) Que Chile ha incumplido dicha obligación.
3) Que Chile debe cumplirla de buena fe, pronta y formalmente.
La Corte falló en favor de Chile, rechazando los argumentos bolivianos y negándole a Bolivia la razón en esas tres cuestiones. Fundó su juicio en acuerdo al derecho internacional, en particular que las conversaciones no implican compromiso de negociar.
El presidente Evo Morales impulsó la actual Constitución de 2009, en la cual, por su Artículo 267, señala el derecho irrenunciable a un territorio con acceso marítimo. Bajo esa obligación Evo llevó el litigio a La Haya.
Para Chile, todos los asuntos limítrofes con Bolivia fueron zanjados por el Tratado de 1904, por lo cual no existen temas pendientes respecto del litigio marítimo.
Sin perjuicio de ello buscó dar una respuesta. En febrero de 1975 los dictadores Banzer y Pinochet se reunieron en la frontera y por el Acta de Charaña reanudaron relaciones diplomáticas y acordaron la búsqueda de una propuesta que diera respuesta a la aspiración de Bolivia. En 1978, Chile propuso, a cambio de un canje territorial, la cesión de una franja de territorio soberano para Bolivia a lo largo y paralelo a su frontera con Perú y con acceso soberano al mar.
Por derechos mutuamente concedidos en el Tratado de 1929 entre Chile y Perú que resolvió la situación de los territorios de Tacna y Arica, Perú tenía el derecho de opinar sobre una eventual cesión de territorios. Apelando a este derecho, rechazó la propuesta chilena, ofreciendo su propia propuesta, que no otorgaba soberanía a Bolivia en territorio continental, sí una franja marítima de soberanía.
Lo más complejo es que proponía que Arica fuera declarada ciudad bajo la soberanía compartida por los tres países. Chile rechazó de plano tal propuesta. Como consecuencia, Bolivia rompió nuevamente las relaciones diplomáticas con Chile.
Durante el primer gobierno de Bachelet Chile ofreció a Bolivia iniciar una recomposición de todos los temas que interesaban a ambos países y aceptó incorporar el tema marítimo, proceso llamado la "Agenda de los 13 puntos". Las consultas políticas finalizaron en 2010.
En abril de 2013 Evo decidió llevar el caso a la CIJ, en contra de la sugerencia del gobierno chileno.
Bolivia perdió su litoral en la Guerra del Pacífico (1879-1883), al igual que Perú, su aliado en la guerra, que perdió la región de Tarapacá En 1884, por el Pacto de Tregua, Bolivia aceptó la ocupación militar de Antofagasta, que por el Tratado de 1904 pasó a la soberanía de Chile. La guerra comenzó cuando Bolivia la declaró, luego de que Chile ocupara militarmente la ciudad de Antofagasta. Si bien ese hecho puede señalarse como el inicio del conflicto, las causas se remontaban a 1874, cuando se había firmado un tratado entre ambos por el cual se establecían los límites. Chile renunciaba a los derechos al norte del paralelo 24 de latitud sur, a condición de que el gobierno boliviano no aumentara los impuestos a las compañías chilenas que explotaban el salitre en Antofagasta. El presidente boliviano Hilarión Daza aumentó de forma unilateral los impuestos en 1878. La compañía se negó a pagar el nuevo tributo y Daza ordenó la confiscación de sus bienes para rematarlos el 14 de febrero de 1879. Frente a esta situación, la compañía chilena pidió ayuda al Estado de Chile, cuyo gobierno decidió ocupar militarmente Antofagasta el día en que serían rematados los bienes de la compañía chilena.
Por el Tratado de 1904 Chile otorgó a Bolivia un libre tránsito hacia el océano Pacífico. No fue el único beneficio que Chile le concedió. Pagó en compensación 300.000 libras esterlinas de la época; construyó a su cargo un ferrocarril para unir Arica con La Paz y asumió deudas bolivianas por 1.700.000 libras esterlinas a pagar en un período de 30 años.
En noviembre de 1920, Bolivia presentó ante la Sociedad de las Naciones una petición para que dicho tratado fuera revisado y se reintegrara la soberanía boliviana. Esa demanda fue considerada inadmisible por la Sociedad de las Naciones.
Peticiones internacionales posteriores ha presentado Bolivia, las que hasta el presente nunca le han sido favorables. Por su parte, la posición de Chile ha sido el respeto a los tratados, cuestión que incluso ha sostenido con Argentina.
Para Chile no hay temas limítrofes pendientes con Bolivia y eso es lo que con otras palabras reafirmó la Corte de La Haya en su fallo.
En diversas instancias Evo Morales ha sostenido que Chile no ha cumplido con los compromisos del Tratado de 1904, en particular con el derecho de tránsito comercial hacia y desde el litoral Pacífico. Según estadísticas conocidas, el 50% del comercio exterior de Bolivia transita por los puertos chilenos y principalmente por Arica -no por Antofagasta- y goza de derechos que no tienen los empresarios chilenos; por ejemplo, las mercaderías desde y hacia Bolivia están libres de gravámenes. Según estadísticas, el 80% de la carga en el puerto de Arica corresponde a mercaderías bolivianas. El 50% de las mercaderías que se transan por la Zona Franca de Iquique (Zofri) son bolivianas.
Otro asunto es considerar los aspectos emocionales y de sentimiento de un pueblo. En este sentido es comprensible el esfuerzo de Evo. Pero él ha debido cargar con la herencia del pasado, con los errores de sus asesores en asuntos internacionales y con la indiferencia del Perú, que se ha mantenido al margen de encontrar otra alternativa para resolver la aspiración marítima boliviana, argumentando que el tema es un asunto bilateral entre Bolivia y Chile.
En definitiva, según el fallo, las cosas seguirán en el mismo statu quo y se ve lejano el día en que el diferendo se resuelva. No existe posibilidad de que Chile ceda a un corredor territorial que partiría en dos su propio territorio, habiendo o no canje territorial de por medio. La única solución es la que el dictador Pinochet propuso. Para alcanzar esa solución se debe contar con la anuencia del Perú.
Así, desde el puro realismo de la política internacional, mientras los gobiernos bolivianos no acepten que deben interceder también ante Perú, no habrá acceso soberano al Pacífico para Bolivia.
La Corte falló en derecho. Si hubiese sido en contrario, es decir dando a Bolivia la razón en el sentido de que Chile tenía la obligación de negociar por haber mantenido conversaciones (no negociaciones) hubiera sentado un grave precedente para las relaciones internacionales y la política internacional, con numerosos países pidiendo la revisión de tratados que concluyeron con la cesión de territorios.
La CIJ ha dado un punto final al tema desde el punto de vista jurídico. No habrá otras instancias de este carácter.
Queda la vía política, y para ello se requerirá pragmatismo de ambas partes. Pero el ámbito político brinda muchas alternativas.
Chile y Bolivia, por razones de geografía y el espíritu de sus pueblos, están llamados a conversar. A pesar de todo lo oscuro que pueda verse el presente, existen alternativas que Bolivia debería considerar. El gobierno de Lagos ofreció en su momento a Bolivia un territorio con acceso marítimo, en una concesión por cien años, que Evo Morales no aceptó porque la propuesta no incluía soberanía territorial. Esa propuesta aún está en la mesa de conversaciones. Al final de todo, ¿quién puede afirmar lo que sucederá de aquí a cien años?
