Bolivia vivió hoy otra jornada febril, con menos protestas callejeras y más gestiones para instalar mesas de diálogo, apurar una salida institucional a la crisis derivada de las elecciones del 20 de octubre y evitar el desabastecimiento de alimentos y combustibles en La Paz.
El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, sugirió que el llamado a nuevos comicios podría realizarse por decreto, al afirmar que si "hay dificultades" para realizarlo, le recomendará a la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, que lo haga "a través de algún otro instrumento legal".
Esa alternativa fue alentada por el ex presidente Jorge Quiroga, quien en conferencia de prensa pidió a Áñez "que ajuste, que modifique, que arregle, que cambie lo que quiera cambiar y que convoque por decreto a las elecciones" y citó como precedente al ex mandatario Eduardo Rodríguez Veltzé, quien "convoca a elecciones en 2005 por decreto", según la agencia noticiosa estatal ABI.
Sin embargo, uno de los principales colaboradores de Áñez, el senador Oscar Ortiz, pareció preferir que el llamado a elecciones sea resultado de un acuerdo entre las fuerzas con representación parlamentaria.
"No debe haber sesión de la Asamblea (Legislativa, parlamento) hasta que no se haya concertado la conformación del TSE (Tribunal Supremo Electoral) y la convocatoria a elecciones en el marco de la mediación internacional que se está viendo con la OEA (Organización de Estados Americanos) y la Unión Europea (UE) y otros países", dijo el legislador a la televisora Unitel.
Ortiz se refirió a la sesión a la que el Movimiento al Socialismo (MAS, el partido del ex presidente Evo Morales, con mayoría en las dos cámaras y la presidencia de ambas) convocó para mañana.
También el ex presidente Carlos Mesa -principal competidor de Morales en las elecciones de octubre pasado- opinó que los nuevos comicios deben ser convocados mediante una ley, pero disintió con Ortiz con respecto a la sesión legislativa de mañana.
"Esa convocatoria inmediata es imperativa para solidificar la legitimidad de la presidenta Áñez, pero lo es también para comprobar si el MAS quiere o no quiere una solución pacífica, democrática y constitucional; está en manos del MAS, en la Asamblea Legislativa aprobar una ley, producto de un acuerdo nacional, que convoque a esas elecciones, en las que, por supuesto debe participar el MAS, con candidatos que en ningún caso pueden ser Evo y Álvaro (García Linera, vicepresidente de Morales)", dijo Mesa, según el diario El Deber.
Paralelamente, se multiplicaron los llamados a establecer un diálogo entre los diversos actores de la crisis política.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, pidió una conversación entre los partidos políticos y las organizaciones sociales que responden a Morales, entre las que entiende que no hay una postura común porque "lastimosamente los dirigentes ya han sido rebasados".
"Queremos ahondar esfuerzos para poder contribuir a que los conflictos se puedan ir solucionando, allanando caminos de diálogo entre los sectores movilizados y con los partidos políticos", dijo Choque en un desayuno con periodistas, según ABI.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, solicitó a la Asamblea "y a las autoridades transitorias que tienen estrictamente un mandato, deponer actitudes y dejar de lado esas diferencias políticas" porque "ahora la prioridad es pacificar el país".
Asimismo, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), "acompañada por la UE y el enviado de la ONU (Jean Arnault)", convocó en un comunicado "al gobierno nacional, a los partidos políticos y representantes de la sociedad a un diálogo con el fin de pacificar el país, consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales y los vocales para un nuevo TSE".
Pese a que el texto llamaba a esa reunión para las 14.30 de hoy, más de dos horas después nadie había confirmado su realización.
En otro orden, el gobierno interino autorizó la importación de combustible -y anunció que será vendido sin aumento de precio- para garantizar el abastecimiento en La Paz, afectado por el bloqueo a la planta de Senkata, en la vecina ciudad de El Alto.
También autorizó un puente aéreo para posibilitar el acceso de alimentos a la capital, después de que organizaciones campesinas afines a Morales dispusieran bloquearlo, en una medida cuestionada por el presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Reynaldo Díaz, para quien "la alimentación es un derecho humano y coartarla es un delito de lesa humanidad".