El proceso bochornoso vivido durante cinco días por el gobierno nacional y la angustia provocada en millones de familias, merece algunas reflexiones.
Todo se inició el viernes, cuando sorpresivamente se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Resolución 20/18 de la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la cual se decidía cobrar en forma retroactiva un incremento por el gas consumido entre el 1 de abril y el 30 de setiembre del corriente año.
Tanto el contenido como los fundamentos de la Resolución se basan en una ley de 1992, congruente con el régimen de la convertibilidad monetaria vigente entonces, que al parecer nadie derogó hasta ahora. Pero así estén fundados en una ley vigente, la disposición no deja de ser un sorprendente conjunto de incongruencias.
La Secretaría de Energía dispone habilitar, en forma transitoria y extraordinaria, un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en la tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución.
A raíz de la marcada variación del tipo de cambio se han acumulado diferencias diarias significativas, por las compras de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores y los distribuidores.
Traducido a lenguaje entendible, lo que la Secretaría de Energía pretendía es que los consumidores de gas -más de 8 millones- les pagaran a 22 empresas productoras de gas, las diferencias de la devaluación producida entre abril y setiembre.
Con el argumento de que esas empresas habían sufrido pérdidas importantes, debían compensarlas los bolsillos de los consumidores, como si estos no hubiesen sido afectados por la devaluación del peso.
Por cierto que el secretario de Energía tenía razón en achacar al anterior gobierno el desquicio por las tarifas energéticas, pero luego de casi tres años de gobierno de Cambiemos parece tiempo suficiente para haber arreglado, al menos en parte, el problema. Hay que recordar que la tarifa de gas ha aumentado más de 80% en lo que va del año y sobre ese precio aumentado se pretendía aplicar otro retroactivo.
Para comprender el problema, es preciso recordar que el proceso del gas tiene tres etapas diferenciadas: la producción, que realizan las petroleras; el transporte, efectuado por empresas operadoras de gasoductos, y la distribución, encargada a quienes llevan el gas al domicilio de los consumidores, Ecogas en nuestro caso.
Curiosamente el consumidor paga en su factura tanto el costo de distribución como el costo del transporte, que el sentido común supone que es un costo de la distribuidora, aunque luego lo cargue en el precio final.
Se agrega la dificultad que para la mayoría de los usuarios tiene la lectura e interpretación de los diferentes ítems de la boleta. Si bien la empresa dice que la tarifa tiene cuatro componentes: gas, transporte, distribución e impuestos, la forma en que se factura es muy compleja.
El secretario de Energía, en un gesto de consideración a los consumidores, y dado que el periodo involucrado es el de mayor consumo, había dispuesto prorratear el aumento en 24 meses a partir de enero. Eso sí, las cuotas se pagarían con intereses.
Otro argumento, típicamente falaz, usado por el funcionario era que la cuota promedio
sería de $ 90, promedio que esconde siempre grandes diferencias. El diferencial que se pretendía cobrar era del orden del 10% de la facturación del periodo. Los números no son bromas, se trata de 70.000 millones de pesos en total, de los cuales los usuarios residenciales, las familias, debían pagar 10.000 millones, el resto los demás consumidores de los cuales las usinas eléctricas consumen el 41% del total.
Esta historia, grosera desde el punto de vista económico y grotesca desde el político, rápidamente estalló.
El mismo viernes el diputado Vadillo, de la ONG Protectora, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Juzgado Federal de Mendoza. El fiscal Guillermo Marijuán presentó una denuncia contra el secretario de Energía, Guillermo Iguacel. Finalmente la UCR, socia de Cambiemos, hizo una fundada presentación, basada en la teoría del sacrificio compartido, las empresas productoras compartirán por mitades, con el Estado, los costos de la devaluación.
Otra historia lamentable.
