El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó recientemente la realización de una auditoría sobre el Poder Judicial, propuesta por el Colegio de Abogados de Buenos Aires con el visto bueno de la Corte Suprema, para establecer en qué estado se encuentran las causas por corrupción contra funcionarios públicos y también el número de ellas.
Esta interesante iniciativa tiene el propósito de recopilar elementos para posibles pedidos de juicio político o bien para generar la renuncia de aquellos jueces que estén muy cuestionados por casos de impunidad sensibles a la ciudadanía.
La puesta en práctica de esta modalidad llega en momentos en que la Justicia argentina parece resurgir luego de años de tremendo sometimiento político por parte del kirchnerismo a muchos de sus miembros y también de fuerte influencia en otro sector de magistrados que, si bien no se encolumnó con el poder de turno, no actuó como correspondía para no recibir denuncias o sanciones en su contra.
Además, siempre queda la sospecha de que varios de estos jueces que ahora movilizan causas que durante años dejaron de lado, no ponen el empeño o la celeridad necesarias para que las mismas avancen hacia su total esclarecimiento, lo que lleva a pensar en la permanencia de un marco de connivencia entre quien investiga y quien es investigado que sigue afectando la credibilidad en un poder clave de toda república, como es el Judicial.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, expresó en estos días su beneplácito por la iniciativa y por la decisión de la Magistratura de encarar la auditoría.
Su pensamiento es coherente con su propuesta electoral y con la promesa, que hizo pública al asumir, de fomentar todos los mecanismos necesarios para que la Argentina combata la corrupción.
Una reciente encuesta de opinión pública determinó que un 71 por ciento de la población del país considera que el kirchnerismo montó un sistema de corrupción estatal, mientras que más del 80 por ciento no toleraría ningún nivel de corrupción de parte de un gobierno con el cual se esté de acuerdo política e ideológicamente.
Estos guarismos demuestran que la iniciativa de los abogados, a través del Consejo de la Magistratura, va en el sentido correcto.
Como venimos sosteniendo, la última garantía de los derechos ciudadanos de todo tipo se encuentra en la Justicia, por lo que si ella no funciona o funciona mal, el resto de las instituciones es afectada aún más. Por eso todo lo que se haga para mejorar el funcionamiento de la Justicia es por demás bienvenido.
Sería oportuno que en nuestra provincia la medida sea observada atentamente por profesionales del derecho y autoridades políticas y que, de ser factible, fuese imitada.
En varias oportunidades el Poder Judicial de Mendoza no ha respondido o se ha visto sobrepasado por hechos sospechados de corrupción indefinidos en el plano de la investigación.
Además se contribuiría a perfeccionar los mecanismos de selección de magistrados, otra cuenta pendiente aquí.
Saldar las deudas que la Justicia ha tenido con la ciudadanía a través de procedimientos instrumentados desde su propio seno va a ayudar a reconstruir la confianza de la comunidad en ella, algo muy lejano luego de décadas de desatinos.
