Finalmente, Carlos Bianchinelli es el nuevo presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. El hasta ayer diputado justicialista deberá resolver un problema que quema: la renegociación del contrato de concesión de las tragamonedas que funcionan en el Casino de Mendoza.
Aunque la semana pasada le tiraron un cable desde Fiscalía de Estado, pues el organismo de control pidió el expediente en cuestión para investigar en torno a dos presentaciones referida a los tragamonedas.
Curioso que asuma Bianchinelli justo en este momento, cuando el oficio de Fiscalía de Estado llegó hace una semana al Instituto. Así pues, con el tema en manos del fiscal de Estado subrogante Javier Fernández, el flamante titular del Instituto sólo deberá esperar el dictamen.
Más curioso aún, cuando la asunción de Bianchinelli viene mencionándose desde hace mucho tiempo e incluso el propio gobernador había sostenido a Martini hace poco menos de un mes, cuando el rumor de su partida era fuerte.
Más allá de todas las sugestivas coincidencias, el hecho es que después de todos los rumores, se concretó el pase y Bianchinelli ayer por la mañana renunció a su banca de diputado provincial del Frente para la Victoria y por la tarde juró ante Francisco Pérez para asumir en el nuevo cargo. Junto a él también asumió en el directorio el abogado Federico Domínguez.
Todos estos nombres estaban en danza desde mediados de diciembre pasado. Sin embargo las asunciones no se concretaban. El gran problema en danza para el Instituto era y es la renegociación del contrato de concesión de las tragamonedas, firmado durante el gobierno de Celso Jaque por el entonces titular del Instituto Daniel Pereyra.
De acuerdo con ese contrato, la empresa que le presta al casino estatal las máquinas tragamonedas, Mendoza Central Entretenimientos (del grupo Vila-Manzano) pondría 200 máquinas más y realizaría las obras necesarias para albergarlas en la sala de Brasil y San Martín. A cambio se debía incrementar gradualmente el canon que percibe la empresa por el servicio: de 26,23% original, se elevaría a 33,92%; de ahí a 40,09% y finalmente a 47%.
El problema insoluble es que, con el canon que actualmente se paga (40,09%), la empresa ya factura el 70% más que en el 2011 y el Instituto percibe casi lo mismo, pero con un valor de la moneda menor por el impacto inflacionario. Es decir, cuando se concrete el pago del canon a 47%, la empresa ganará más aún y el Estado perderá plata.
Lo más insoluble es que la recaudación del Instituto financia programas sociales y de salud y, además, de esa recaudación sale un adicional del salario de los trabajadores. Este es el problema que la gestión de Nidia Martini no resolvió y que tendría que resolver Bianchinelli cuando asumiera. Ahora, el que dará los argumentos para resolver el problema será el fiscal de Estado subrogante Javier Fernández.
¿Qué investiga el fiscal de Estado? La denuncia del sindicalista Caín se refiere a la resolución 158 que firmó la hasta ayer titular del Instituto, Martini, y el ex director Héctor Caputto, en abril del año pasado. Por esa disposición se incrementaba el canon que percibía la empresa de las tragamonedas de 33,92% a 40,09%.
Por el contrato renegociado, ese incremento debía otorgarse a los 180 días de la firma y siempre y cuando la empresa hubiese sumado 150 máquinas e invertido 1,2 millón de pesos. Sin embargo, estas dos condiciones no habrían estado cumplidas.
La segunda investigación surgió de los números que salían de otro sindicato, de los delegados de ATE en el Instituto. De acuerdo con esos números de julio a noviembre de 2012, el total de recaudación de las tragamonedas llegó a 36,2 millones de pesos, esto es con 550 máquinas. Si se aplica 47%, que es el canon que, según el convenio que se firmó durante el gobierno de Celso Jaque, debería estar cobrando la empresa Mendoza Central Entretenimientos, la concesionaria que pone las tragamonedas en el casino estatal se llevaría 17 millones de pesos y el Instituto 12,4 millones. Esto implica que para programas habría 6,7 millones de pesos.
En el mismo período del año 2011, con 369 máquinas, se recaudaron 27,3 millones de pesos. En aquel momento el canon era de 26,23%. La empresa del grupo Vila-Manzano se llevó 7,1 millones de pesos, mientras que el Instituto obtuvo 13,1 millones de pesos.
Con estos números en mano, los legisladores Gutiérrez y Dimartino se presentaron en Fiscalía de Estado a pedir que ese organismo de control revisara el contrato y ofreciera salidas legales.
