La venta masiva de productos que implicó la Revolución Industrial llenó a Londres de capitales, convirtiendo a esta ciudad en una suerte de banco mundial. Entre 1821 y 1823 se crearon unas seiscientas compañías para inversión en el exterior.
Las jóvenes naciones americanas -Colombia, Perú y México, entre otras- comenzaron a recibir financiamiento británico. Los años de guerra afectaron notoriamente sus economías y las opciones no eran muchas. Por entonces, en Buenos Aires, un grupo de empresarios, criollos y británicos, propuso al gobierno pedir sumas británicas, ofreciéndose como contratantes. Ante una respuesta positiva adelantaron al Estado 50.000 libras a cambio de quedarse con la diferencia entre lo que se obtuviera y lo pedido. Los resultados superaron sus expectativas: alcanzaron un beneficio del 15%.
El gobierno estaba en manos de Martín Rodríguez y en este pedido tuvo mucha influencia su ministro estrella: Bernardino Rivadavia. La idea era utilizar el dinero en la construcción de un puerto e instalar agua corriente en Buenos Aires. Lamentablemente, terminó sirviendo para el pago de deudas internas originadas, principalmente, en 1810.
El resto del capital terminó dilapidándose en la guerra contra Brasil. En general, Rivadavia es criticado por las condiciones del empréstito; sin embargo eran las habituales en la época. Su participación en este tipo de negociaciones le valió los motes de “cipayo”, “vendepatria” y “pro-inglés”. Trato injusto que omite, por ejemplo, que San Martín zarpó desde Londres hacia su destino americano y que Dorrego firmó una paz con Brasil trazada por Gran Bretaña.
Poco tiempo después Rivadavia se transformó en nuestro primer presidente y su accionar tampoco suele ser juzgado con equidad. La mayor crítica se centra en la Constitución que hizo aprobar.
El texto fue rechazado por caudillos provinciales. Generalmente se explica que fue debido al carácter unitario del documento, pero consideramos que es bastante ingenuo buscar allí un motivo válido, cuando Juan Facundo Quiroga -unitario confeso- ni siquiera aceptó leerla. Cualquier límite legal al poder que estos hombres ejercían de hecho, correría esta suerte. Jamás aceptarían, por ejemplo, cargos de tres años sin opción a ser reelectos. De ser así, Felipe Ibarra no hubiera podido dirigir durante treinta años Santiago del Estero.
Accediendo al texto nos encontramos con el artículo 159, donde se establecía: “Todos los habitantes del Estado deben ser protegidos en el goce de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de ellos sino conforme a las leyes”. Quiroga amasó su inmensa fortuna pisoteando estos derechos.
Hipotéticamente, con esta Constitución, Camila O'Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez no hubieran sido ejecutados, pues según el artículo 162:
“Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden público, ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Éstos y otros avances en materia de derechos individuales, establecidos por la Constitución rivadaviana, rivalizaban con el sistema caudillista que imperaba. Así, más que un unitario coartando al federalismo, era la ley amenazando intereses particulares.
Quizás sea hora de observar con otros ojos a hombres como Rivadavia, volver a las fuentes y dejar de cubrir mentiras con el poncho.
