Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
En las últimas semanas advertimos acerca de los errores de implementación en los que había incurrido el gobierno al disponer ajustes en las tarifas del gas. En la electricidad el problema se concentró solo en el área metropolitana por el gran atraso tarifario que se registraba, mientras en el interior, si bien se han sentido, no ha tenido tanta repercusión porque ya se venían practicando ajustes con anterioridad.
Esos errores han devenido en una serie de medidas judiciales que, directamente, han impedido la aplicación de los aumentos y, lo que es peor, que las distribuidoras hace dos meses que no cobran ninguna factura y, por ende, no registran ingresos.
Por ahora la Cámara Federal de La Plata debe decidir si acepta la apelación del gobierno, pero éste, a su vez, tiene que cumplir con un pedido de la Corte Suprema, que le requirió un plan de tarifas fundado, pero el Ejecutivo aún no lo manda, pese a que el máximo tribunal habilitó la feria judicial para permitir acelerar la decisión.
Esta suspensión, que parece beneficiosa, está empezando a acarrear problemas y puede generar otros mayores a futuro. En principio, como la distribuidoras no tienen ingresos, no les están pagando a sus proveedores, entre ellos las petroleras que les entregan el gas. Estas empresas son grandes pero están viendo comprometidos sus flujos financieros y es probable que, si se demora la solución, dispongan una suspensión parcial o total del fluido hasta que se regularicen los pagos.
El mismo problema se está presentando en las distribuidoras eléctricas que ya le han planteado a los jueces que si no cobran no podrán hacer frente al pago de salarios. Ante esta situación, los trabajadores han comenzado a con amenazas y ya no hacen horas extras, por lo que se demoran las soluciones a los cortes de luz, generando una cadena de mal humor.
Dado que el gobierno ha dispuesto la realización de audiencias públicas en el mes de octubre, si no hay una solución antes, las distribuidoras completarán casi seis meses sin registrar ingresos y ellos acumularán una deuda fenomenal con las petroleras, lo mismo que los usuarios con las distribuidoras. Todos se quejarán a la hora de pagar y nadie se hará responsable. Mucho menos los jueces.
La economía no muestra signos de vitalidad
Hasta fines del primer semestre, la economía ha venido acumulando datos negativos en casi todos los sectores. A la conocida caída de las ventas minoristas se debe sumar una caída en la producción de automotores. La producción industrial, según datos del Indec, acumuló una caída en el primer semestre del 3,3% comparado con el mismo periodo del año anterior, pero con un pico en Junio del 6,5%.
Por su parte, en la construcción la actividad cayó un 20% y el empleo disminuyó un 13%, mientras que ayer, el mismo Indec reconoció una pérdida de casi 60.000 puestos de trabajo en el sector privado en los primeros cinco meses del año.
A estos datos debe agregarse el dato negativo de una tasa de inflación del 24% acumulada en los primeros seis meses que deberán revisar ya que se calcularon con aumentos de tarifas que luego fueron suspendidos y realmente no llegaron a la mayoría de los usuarios. Pero como el perro que se quiere agarrar la cola, si no se quitan subsidios, se mantiene alta la inflación y esta hace más daño que el precio de las tarifas.
Con este cuadro de situación, el horizonte del segundo semestre no luce como para ser brillante, aunque es esperable que mejore un poco. Lo importante es que se transmitan señales positivas, aunque la comunicación no es la especialidad de este gobierno.
Blanqueo, moratoria y jubilados
Esta semana fue promulgada la ley que autorizó el blanqueo de capitales y la moratoria integral, impositiva y previsional, así como la ley de reparación para pagar la deuda con los jubilados. De alguna manera, ambas acciones van de la mano porque del resultado del blanqueo y de los ingresos de gravámenes y divisas que se produzcan el gobierno podrá hacer frente al pago de los juicios y retroactividades que les corresponden a los jubilados.
Respecto del blanqueo hay muchas especulaciones, pero los que realmente conocen el mercado de administración de carteras afirman que dado el acuerdo mundial que regirá a partir del 1 de enero próximo, será muy difícil mantener capitales no declarados en ningún banco del mundo. De hecho, las mismas entidades financieras les dicen a sus clientes que si no blanquean tendrán que sacar la plata porque los controles sobre ellos serán muy fuertes.
Esta situación es la que actúa como principal detonante para inclinar la balanza a favor de entrar al blanqueo, ya que aunque queden algunos paraísos fiscales sueltos, será imposible movilizar fondos a ninguna plaza.
No obstante, se estima que la cantidad de fondos no declarados de argentinos (la mayoría en el exterior, pero también en el país guardados en colchones, cajas de seguridad o enterrados) alcanzaría a unos U$S 170.000 millones. De esta cifra, es posible pensar que el blanqueo alcanzaría a 100.000 millones, mientras el esto estaría imposibilitado de ingresar.
Además de pagar el gravamen que corresponde al blanqueo, los contribuyentes deberán entrar en la moratoria impositiva porque también dejaron de pagar impuestos sobre estos activos. Y, además, deberán comenzar a pagar impuestos sobre los bienes declarados. Todos estos elementos, de darse según estos presupuestos, mejorarán los ingresos del Tesoro, aunque los mejores resultados se verán el año 2017.
En cuanto a los jubilados se está recomendando ingresar rápidamente a las páginas del Anses ya que previo a cobrar, si están de acuerdo con la liquidación, deberán firmar un desistimiento de las acciones judiciales para que sean homologadas por los tribunales respectivos.
Las autoridades del Anses estiman que comenzarán a pagar en setiembre, pero tienen una capacidad operativa para atender 100.000 casos mensuales, y la cantidad de jubilados involucrados son 2,4 millones, por lo que el proceso demandará, al menos, dos años desde que se inicie. Mientras tanto, los pasivos ya comenzarán a cobrar sus haberes con las actualizaciones dispuestas en la misma ley.
Si a todos estos elementos le sumamos que en el segundo semestre comienzan a pagarse el grueso de los aumentos convenidos en paritarias, hay esperanzas de que comience a movilizarse la economía por la vía del consumo interno, aunque esto no alcanza. La inflación no espera que ceda rápido y eso complica la competitividad del tipo de cambio, lo que impactará en las exportaciones de las producciones regionales que, a partir de agosto, comienzan a fluir en todo el país.
El ingreso de dólares y las altas tasas conspiran para que el tipo de cambio se adecue y no haga perder competitividad. Aún no se sabe qué herramientas usará el gobierno para esta situación pero, a simple vista, el horizonte aparece medio rengo.
