Joaquín de Rosas está acusado de beneficiar al grupo Vila-Manzano en la expropiación de tierras para la creación de la reserva Divisadero Largo. Para conformar la reserva, se expropiaron seis parcelas de tierras de distintos dueños, dos de ellas eran propiedad de Dalvian SA y de Daniel Vila.
En los juicios de expropiación, Fiscalía de Estado puso un tasador que cotizó las tierras entre 13 y 17 pesos por metro cuadrado (según fuera terreno liso o con accidentes), contrariamente a lo que determinó el Tribunal de Tasación del Gobierno de Mendoza, que cotizó $ 2,76 el metro cuadrado.
Terminado el juicio de Vila y de Dalvian, la cotización de Fiscalía de Estado quedó fija. Cuando el resto de los expropiados pretendió cobrar lo mismo que Vila y Dalvian, De Rosas apeló las sentencias.
En el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 8 de marzo de 2012, se indica que De Rosas actuó bien al apelar en los otros cuatro casos y no se explican por qué no lo hizo con Vila y Dalvian. Por ello es que pidieron una investigación penal de esas dos expropiaciones.
De acuerdo al argumento esgrimido por De Rosas en su momento, no apeló porque Vila y Dalvian habían pedido hacer una compensación de deudas entre lo que el Estado debía pagarles por las tierras y lo que ellos debían pagar al Estado por créditos tomados en los viejos bancos provinciales y que nunca pagaron.
Esos créditos impagos sumaban 6.218.758 millones de dólares, pero con los recálculos avalados por De Rosas, la deuda de Vila y Dalvian quedó en 1.563.100,43 pesos. La Provincia debía pagarles por las tierras $ 3.558.342,74.
Quizá haya que preguntarse sino hay otro elemento nuevo en el proceso contra De Rosas y es que entre las pruebas recopiladas por el Jury queda claro que nunca hubo tal compensación de deudas.
