Las acusaciones que el dirigente Juan Grabois lanzó contra Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre han generado todo tipo de reacciones. La empresa acaba de hacer su debut en la Bolsa de Nueva York con gran éxito y de las cotizaciones de las acciones surge que tiene un valor bursátil cuatro veces mayor que YPF. Es la primera vez que dos empresas tecnológicas en Argentina (Mercado Libre y Globant) superan en valor bursátil a empresas de productos tangibles como Techint o la petrolera estatal. En el caso de Globant, fue incluida entre las 8 acciones seleccionadas por MSCI para cotizar en el panel de mercados emergentes en el cual debitarán estas empresas.
Las acusaciones de Grabois fueron rechazadas desde distintos sectores que le recordaron que la empresa, como otra del sector se vieron favorecidas por la Ley de Promoción del Software 25.992, sancionada en 2005, en la presidencia de Néstor Kirchner, y ampliada por la ley 26.692 en 2011 por Cristina Kirchner. Los beneficios básicos son un perdón del 70% de las cargas patronales y un 60% del impuesto a las ganancias.
Otro de los argumentos en defensa de Mercado Libre, que no es menor, es que su actividad permitió blanquear miles de operaciones que antes no quedaban registradas y esto es muy valorado por autoridades de la AFIP en la lucha contra la evasión impositiva.
La empresa, además, asegura que el secreto de su negocio está en el software desarrollado para asegurar las transacciones y la coordinación de la logística que ya tiene alcance internacional.
Según publicó el diario Clarín, detrás de la denuncia de Grabois estaría la reciente decisión del Anses de probar acreditar ciertas prestaciones sociales a través del monedero electrónico de Mercado Pago, una empresa de Mercado Libre. Los beneficiarios de esas prestaciones recibían a través de bancos o de cobranzas de efectivo en el Correo. El sistema actual le permite a Grabois manejar muchas prestaciones mientras de esta nueva forma no lo podría hacer.
Los beneficios que reciben las empresas de software terminan a fin de año si se aprueba la nueva Ley de economía del Conocimiento, impulsada por el gobierno de Macri, que exige que el 70% de la producción la destinen a la exportación y que el 70% del personal esté abocado a estas tareas.
Los defensores de los beneficios lo explican por la dinámica en la creación de empleos, con salarios superiores a la media, siendo el único sector que crece en estos días, lo que compensaría los costos fiscales. Otros en contra, creen que los beneficios solo deberían aplicarse a las pymes ya que empresas tan grandes no justifican estos beneficios. Otros, aducen, además, que Mercado Libre no es propiamente una empresa de software sino una “marketplace” es decir, una empresa cuyo objeto principal es la de poner a disposición de otras empresas una plataforma digital para que puedan vender y no un productor de software, comparándola con la americana Amazon o la china Alibaba.
El tema tomó gran dimensión y reaviva un viejo debate acerca de los sistemas de promoción, se cuestiona si deben limitarse a apoyar el desarrollo de emprendedores o de pymes o, por el contrario, deben utilizarse para atraer empresas grandes a fin de asegurar un rápido desarrollo.
En el caso de Mercado Libre, al igual que Globant, estas empresas se desarrollaron a partir de la ley, que entusiasmó a los emprendedores y, por efecto de un buen plan de negocios y un éxito en la generación de software, se abrieron camino en sus mercados, crecieron de forma exitosa, se internacionalizaron y crearon muchos puestos de trabajo. Mercado libre tiene 6500 empleados y Globant 8500. En ambos casos, la mitad se radica en el país. Ambas empresas cotizan en la Bolsa de Nueva York y la empresa cuestionada, tiene un valor bursátil cercano a los u$s 30.000 millones.
La polémica seguramente se verá reflejada en la próxima discusión de la Ley de economía del Conocimiento en el Senado, donde se espera completar la media sanción que ya le dio Diputados. Las empresas tecnológicas, además, están enojadas con el gobierno ya que les aplicaron retenciones a las exportaciones a empresas que vendan al exterior más de u$s 650.000, lo que violaría el espíritu de la ley de promoción.
La polémica está lanzada pero sería muy importante avanzar en lo conceptual que hace a estos criterios porque podrían surgir nuevos reclamos en regímenes similares.
