Estaba claro con el primer discurso del presidente Alberto Fernández y con la primera conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán. El Gobierno saldría con un plan de emergencia muy fuerte con la intención de frenar la caída de la economía mientras intenta buscar una pequeña reactivación para cambiar las expectativas y afrontar, con mayores fortalezas, la renegociación de la deuda.
De las definiciones iniciales surgía claramente que la decisión tomada implicaba no caer en déficit fiscal (porque no se puede financiar) para no tener que emitir moneda. De tal manera, era inevitable que tuviera que recurrir a aumentar impuestos o a crear nuevas cargas, con la idea de financiar una serie de programas destinados a arrimar recursos a sectores muy desprotegidos, cuya situación se ha visto agravada por la inflación.
El gobierno se encontró con una tasa de inflación muy alta que no respondía a problemas de emisión monetaria sino a dos causas básicas: por un lado, la caída de la demanda de pesos, que hacía que los tenedores de moneda nacional quisieran desprenderse rápidamente de ella para refugiarse en dólares. La otra causa era que, ante el anuncio de un acuerdo de precios, que podría significar un congelamiento, muchas empresas dispusieron aumentos preventivos, por las dudas. Otra vez un problema de expectativas negativas.
El culebrón impositivo
Para financiar las distintas prestaciones sociales comprometidas se ha dispuesto una batería de medidas impositivas. La más importante es el aumento de las retenciones a las exportaciones, que le pega, sobre todo, a los granos. Incluso, acaban de hacer una quita del 12 al 8% a las exportaciones de petróleo y gas, como parte de las negociaciones con las empresas que están trabajando en Vaca Muerta.
Con las retenciones, el gobierno calcula recaudar $ 130.000 millones, aunque la situación del sector granero no es la menor. Hay menos cosechas por problemas de sequía e, incluso, hay zonas donde no se ha podido plantar por falta de humedad, por lo que el resultado aún es dudoso.
El impuesto a los Bienes Personales también sufre un aumento muy importante, pero con el agravante que quienes tienen bienes en el extranjero pueden sufrir una imposición equivalente al doble de la aplicada a los que están en el país. A última hora, esta disposición habría sido eliminada para evitar cataratas de juicios.
El gravamen del 30% que se aplica a la compra de dólares (lo poco que permite el cepo) o a los que hacen compras o pagos en el extranjero, ya sea con tarjetas de crédito o débito, son un golpe muy fuerte a la clase media. Justamente una parte de esa clase media que, enojada con Macri, decidió votar a Fernández, es la que hoy se queja. En el gobierno dicen que hay que ayudar a los que menos tienen y que todos deben ser solidarios. Nunca funcionó la solidaridad compulsiva.
Lo que esa clase media está reclamando es otra cosa: que la dirigencia política, que tiene tantos discursos solidarios, sea la primera en bajar sus gastos, ya sea en sueldos, gastos de representación o disminuyendo los ejércitos de asesores. Quizás no sea una suma importante pero se necesita un ejemplo moral, que es lo que falta a la clase política argentina. Si se toman medidas similares en las provincias con las Legislaturas y en los distintos municipios del país, la reducción de gastos sería significativa, además de predicar con el ejemplo.
El tema alimentario y el jubilatorio
Una de las prestaciones importantes está centrada en una tarjeta contra el hambre, que ya se puso en marcha, para asistir a madres con hasta dos hijos que cobran AUH. Esta tarjeta contiene un crédito por $ 4.000 si tienen un hijo o $ 6000 si tienen 2 hijos o más. La misma ya comenzó a distribuirse.
Uno de los temas sensibles ha sido la suspensión del sistema de movilidad jubilatoria por 180 días, sancionada en el gobierno de Macri, que tanto debate generó en su momento, para remplazarlo por un bono especial para quienes perciben la jubilación mínima. Luego se aumentarían por decreto del Poder Ejecutivo pero sin saber en base a qué criterio
En la iniciativa original se eliminaban los sistemas de actualización automática de jubilaciones docentes, de jubilados, de investigadores del Conicet y a los beneficiarios de la Ley Brisa, que brinda una ayuda a víctimas colaterales de femicidios. Por presiones de varios sectores, esta disposición se sacó del proyecto original aunque podría aparecer de alguna forma en la reglamentación.
El tema de la movilidad, que es una forma de indexación, había generado reparos hacia Macri por parte del FMI. Guzmán argumenta que el sistema perjudica la lucha para bajar la inflación y que, de sostenerse, habrá que pagarlo con emisión monetaria con el consiguiente riesgo de disparar la inflación en lugar de controlarla.
El proyecto busca achatar la pirámide de ingresos considerando que el sistema de reparto es solidario, aumentando más a las escalas más bajas y menos a las más altas. Acá se abre una puerta a juicios por que la Corte Suprema estableció, en el caso Badaro, que el sistema debía respetar la proporcionalidad entre el beneficiario y el trabajador activo.
Casi todas las medidas son transitorias, urgentes, para frenar la caída y para luego ver qué hacer sin mucho horizonte. Parece un sistema de ensayo y error mientras se trata de negociar la deuda. Si se consigue antes de los 180 días habrá que ver el saldo de muertos, heridos y contusos para saber cómo se moverá la economía, que todavía depende la tasa de interés, que sigue demasiado alta.
