No se trata de una decisión de corte elitista sino de una necesidad, aunque ésa no sea la mejor respuesta. Los barrios “cerrados” o “cercados” están proliferando especialmente en la zona del Gran Mendoza, porque quienes los habitan consideran a esa modalidad de construcción como una forma de hacer frente a la creciente inseguridad.
El hecho puntual, que no hizo más que sacar a la superficie una situación que se venía planteando desde hace tiempo, fue lo sucedido días pasados con la decisión de los habitantes de la Cooperativa Covirpol, en Las Heras, que procedieron a construir un muro para separarse de una villa inestable que estaba creciendo a su alrededor. La realidad indica que aquella metodología de barrios cerrados, que en un principio ocupó a familias de mayores recursos económicos, ahora está llegando a las familias de clase media. Incluso en otros lugares del país, como el conurbano bonaerense, ya hasta algunos sectores de menos recursos aíslan sus barrios por temor a los delitos.
Estas respuestas desesperadas de la población no hacen más que demostrar que la inseguridad -junto con la inflación- continúa estando a la cabeza de los reclamos sociales, frente a un Gobierno nacional que no sólo ignora en cada uno de sus discursos a dichos reclamos sino que los desvirtúa, como sucedió con el cacerolazo del 11 de noviembre cuando, a pesar de las pancartas que hacían alusión a esos aspectos, los funcionarios salieron a asegurar que se trataba de gente de clase adinerada que reclamaba por las trabas impuestas a la compra de dólares.
Dentro de ese marco, es dable destacar las palabras del recientemente asumido director de Seguridad en la Provincia quien, ante una consulta de nuestro diario, señaló que el principal problema a enfrentar en la actualidad lo constituyen los llamados delitos contra la propiedad. Reconoció que se trata del delito que más se repite y que, por ende, debido a la gran proporción de los mismos y a la casi nula resolución de ellos, la irritación de las personas no cesa de crecer, ya que no sólo se sienten inseguras sino que se mortifican doblemente al ver que la impunidad es enorme. “El robo, en todas sus variantes, es un problema a resolver”, se sinceró el funcionario en una posición realista que descalifica a quienes, en el orden nacional, aseguran que la inseguridad es sólo una "sensación" de la ciudadanía.
La inseguridad, entonces, es el motivo principal de la proliferación de los barrios cerrados. Sucede que las rejas, las alarmas individuales y colectivas o cualquier otra aplicación individual, ya no generan inconvenientes en los delincuentes para que cometan sus atropellos.
La gente que vive en ese tipo de complejos habitacionales ha señalado que prefiere vivir en barrios abiertos, pero que no le queda otro recurso para la protección de su familia. Eso ya no distingue clases sociales, porque la inseguridad tampoco lo hace sino que afecta a todos los mendocinos.
Los barrios cercados, pese a que no son la solución y a veces generan muros de discriminación, constituyen entonces el efecto de una situación cuya causa principal es la inseguridad y sobre este aspecto hay que avanzar, tal como lo reconoce el titular de la policía provincial. No es posible que sea el delito quien, en la práctica, determine la forma en que deben vivir los mendocinos para protegerse del mismo.
