El asesinato de un joven espectador, padre de familia, durante un partido de futsal en Guaymallén, fue la gota de agua que rebasó el vaso y ha llegado el momento de decir basta. La violencia en el fútbol debe ser erradicada de una vez por todas y, en ese marco, cada uno de los actores deben hacerse cargo de las responsabilidades que les corresponden.
El grave suceso que ocurrió en el Poliguay demuestra que los antisociales, encubiertos ahora con el seudónimo de barrabravas, están dispuestos a generar vandalismo más allá de los estadios de fútbol y, como quedó demostrado, van dispuestos a todo, porque para ellos ni siquiera la vida humana tiene valor.
En orden de responsabilidades, no quedan dudas de que la dirigencia política se ubica en el primer lugar. Es sabido que los barrabravas son utilizados por los políticos para sus actividades partidarias y que existe una connivencia entre las dos partes. El hecho más palpable quedó reflejado con la conformación de aquella famosa Hinchadas Unidas Argentinas que, impulsada por el propio Gobierno, se conformó para viajar al Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica.
Estaba constituida por los jefes de cada una de las hinchadas y el papelón posterior también fue mundial, cuando las autoridades sudafricanas no les permitieron el ingreso a ese país por sus antecedentes de violencia. Pese a las muertes en los estadios y a las generadas precisamente por los enfrentamientos, inclusive dentro de las propias hinchadas, ningún dirigente político ha movido un dedo para terminar con el flagelo.
Hasta no hace mucho tiempo, los violentos en el fútbol también habían ganado los estadios europeos. Pero se aplicaron leyes estrictas que establecieron que quien provoca disturbios en un estadio y cuenta con antecedentes de ese tipo, no puede ingresar nunca más no sólo a una cancha de fútbol, sino que tampoco podrá hacerlo a ningún espectáculo deportivo, cualquiera sea la disciplina de que se trate.
Sin embargo, en la Argentina no se ha hecho nada y, por el contrario, todo lleva a indicar que no hay intención de enfrentar el caso con la seriedad que corresponde. Prohibir el ingreso de hinchadas visitantes a las canchas -la última medida que fue adoptada- es como intentar curar un cáncer con una aspirina.
Los dirigentes del fútbol no se pueden hacer los desentendidos y mirar para otro lado. A nivel nacional ha quedado más que demostrado y el hecho se refleja también en Mendoza. Las autoridades de la Liga Mendocina de Fútbol han llegado hasta los estrados judiciales para evitar que la policía les cobre los servicios especiales para cada partido.
Sin embargo ellos siguen otorgando entradas de favor a los barrabravas, siendo que con ese valor que se deja de cobrar bien podría pagarse la custodia policial. Y hasta se puede anticipar que, sin barrabravas en las canchas, será necesaria menor presencia policial.
La marcha realizada en reclamo de justicia por la muerte del joven de Guaymallén dejó en claro también que la sociedad se ha hartado del accionar de los barrabravas y del silencio de políticos y de dirigentes.
Está cansada de que, con sus impuestos, se destinen policías a custodiar un partido de fútbol abandonando la seguridad en el resto de la provincia; que la familia haya dejado de concurrir a las canchas a causa de la violencia; que no puedan ir al Parque a disfrutar con los suyos cada vez que hay un partido en el Estadio y ahora que tampoco pueda asistir a un espectáculo deportivo porque también hasta allí llegan los barras. Sólo cabe una pregunta: ¿hasta cuándo?
