Bariloche, un ejemplo preocupante

L o sucedido en Bariloche, donde el intendente electo por la ciudadanía fue suspendido en sus funciones durante una cuestionada sesión del Concejo Deliberante, constituye un hecho grave, en razón de que permite presuponer un castigo político hacia quien no coincide con los lineamientos fijados por el Gobierno nacional. Dejó a la luz también la actitud de algunos dirigentes que, sin ruborizarse, modifican actitudes en pos de alinearse con el Gobierno de turno, en su afán de no perder sus privilegios.

No quedan dudas de que los saqueos producidos en diciembre sorprendieron al Poder Ejecutivo nacional. Hubo un llamativo silencio de parte de la Presidenta, mientras algunos de sus ministros, como el jefe de Gabinete, salían a echar culpas sin pruebas concretas, como sucedió cuando se señaló que al frente de los saqueos se encontraban dirigentes sindicales. Más aún, en un intento por desviar el foco de atención, ese mismo funcionario anunciaba la estatización del predio de La Rural, en Palermo.

Pasaron los días y todo lleva a indicar que aquellas heridas que dejaron los sucesos no están cerradas. Bariloche, el lugar donde se iniciaron los conflictos, es el ejemplo más evidente. En una cuestionada sesión, el Concejo Deliberante decidió suspender en sus funciones al intendente, Omar Goye (un justicialista no kirchnerista), por considerar que mantenía una relación directa con quienes habían iniciado los desmanes. La decisión del Concejo podría considerarse un juicio político de hecho, porque los pasos lógicos debieron ser la conformación de una comisión investigadora, la derivación de la situación a la Justicia porque hubo hechos delictivos o bien la posibilidad de que el ahora suspendido funcionario pudiera realizar algún tipo de descargo. Hubo entonces una suspensión lisa y llana que se asemeja mucho también a una Intervención de parte del Gobierno nacional.

Lo más grave del caso es que, inmediatamente después de la asunción de la intendenta interina, María Eugenia Martini, el Gobierno nacional reconoció la grave situación social de esa localidad rionegrina y por ello la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, la convocó "para explicarle cómo y con qué fondos sociales acompañará la Nación al municipio de Bariloche que se encuentra quebrado y sin recursos económicos propios". También se supo que Martini, por su lado, planteará a la ministra la extrema pobreza en la que viven alrededor de 30 mil personas en el Alto de la ciudad, epicentro de los saqueos del 20 de diciembre pasado. Lo que no hace más que ratificar que la ayuda económica que ahora se promete no se había dado antes sólo por motivos políticos de la propia interna justicialista.

En ese juego de actitudes criticables aparece la figura del senador nacional Miguel Ángel Pichetto, un ex ultra menemista convertido ahora en un ultra kirchnerista, a punto tal de presidir el bloque del peronismo en la Cámara alta de la Nación. Sucede que Pichetto fue el impulsor de la candidatura de Goye en Bariloche y ahora no sólo critica al intendente suspendido sino que se ha convertido en el puente entre la actual intendenta interina y el Gobierno Nacional. Pichetto no cambia; los que cambian son los gobiernos, ya que él siempre es oficialista.

La sanción a un intendente constituye un hecho preocupante con miras al futuro inmediato. Queda la sensación de que la suspensión es un llamado de atención hacia quienes no coinciden con los lineamientos del Gobierno nacional, especialmente en un año como el actual que, por ser electoral, está sujeto a sus designios, en cuanto a manejo de fondos y de decisiones.