Mendoza lleva muchos años de un desempeño ineficaz de su economía, perdiendo competitividad y capacidad de generar empleos privados de calidad.
Estudios privados reflejan las variables relacionadas con esta evolución que sintéticamente puede exponerse (sin orden causal) en:
• Disminución de la participación de nuestro PBG (Producto Bruto Geográfico) en el PBI, de 3,9% a 2,8% entre 2004 y 2016.
Si bien es posible atribuir en gran medida esa disminución a la extraordinaria performance de la economía de la Pampa Húmeda, no resulta aventurado afirmar que el crecimiento del sector público desalentó el desempeño del sector privado generando en muchos casos su retracción.
• La participación del gasto del Estado Provincial como del PBG no ha hecho más que crecer desde el 11,3% de 2004 al 22,8% en 2016
• El enorme crecimiento de la presión tributaria provincial de la mano del aumento de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos operada a partir de 2011 y que solo ha sido posible revertir parcialmente con las disminuciones comprometidas y realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial desde 2017.
El esfuerzo tributario y fiscal del Ejecutivo Provincial de los últimos tres años resulta insuficiente para acompañar al sector privado, entre otros motivos por la falta de instituciones financieras de carácter local con conocimiento, fondeo suficiente y políticas consistentes para financiar las necesidades de capital de trabajo y de inversión y que las instituciones de las que participa el Poder Ejecutivo (Fondo de la Transformación y Crecimiento, Mendoza Fiduciaria y Cuyo Aval) no pueden enfrentar por carecer de volumen, escala y especialización requerida por una entidad financiera competitiva.
En ese estado de cosas, sectores muy competitivos como el turístico, energético y de tecnologías de la información hoy ven frenadas sus posibilidades de expansión por falta de financiamiento a costos y plazos razonables.
Sin embargo, aunque resulta lógico oponer miedos fundados en la experiencia pasada que afectó patrimonial y financieramente a los bancos oficiales, hoy la normativa del Banco Central (BCRA) es muy estricta y fundamentalmente, el Gobierno de Mendoza hace tres años inició un sendero de responsabilidad fiscal que es el garante de una administración corporativa eficaz.
No resulta lógico pensar en un banco tradicional, el desarrollo del sector Fintech (finanzas y tecnologías) permite avanzar en nuevos formatos y modelos de negocio complementarios y la adopción de normas de compliance (cumplimiento, conformidad) debe evitar la generación de bolsones de privilegio y bolsas de empleo. Porque es necesario decirlo: ningún banco se fundió solo. Hubo decisiones de gobierno corporativo que se tomaron en base a información errónea, tomadas por gerencias sin idoneidad y decisiones políticas que ampararon hechos de corrupción, decisiones que generaron pasivos por U$S 1.000 millones y que a más de 20 años siguen explicando dos tercios de la actual deuda pública provincial.
El país enfrenta condiciones macroeconómicas delicadas, con gran incertidumbre y en el caso del gobierno provincial con pocas herramientas efectivas para influir en el nivel de actividad, pero ese es el principal desafío y no podemos permitirnos evadir la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer.
