Se viene el décimo debate de un proyecto de ley referido a seguridad. El viernes, el gobernador Alfredo Cornejo firmó la iniciativa por la que se modificará la ley 8.611, la que creó el banco de huellas genéticas. La gran novedad es que el personal de las fuerzas de seguridad, vigiladores privados, presos e imputados deberán dejar su muestra para engrosar el registro.
Más aún, en el proyecto se incluye a los menores cuya responsabilidad penal ha sido declarada por la Justicia.
La iniciativa viene hasta con previsión de recursos que estarán previstos en el presupuesto 2017: $ 27 millones para que el registro quede completo con las modificaciones previstas en menos de un año.
Desde el inicio de la gestión Cornejo ya se han aprobado ocho leyes vinculadas a la seguridad: declaración de emergencia, modificación de la ley orgánica de policía, registro de libertades provisionales, modificación del Inspección General de Seguridad, unificación de causas y dos modificaciones del Código Procesal Penal.
La semana que pasó ingresaron a la Legislatura la novena (la modificación del Ministerio Público) y la décima (el registro genético).
El 16 de octubre de 2013 se sancionó la ley 8.611 que creó el banco de huellas genéticas en nuestra provincia. A entender del Gobierno, la herramienta quedó ‘corta’. Por ello es que el Ejecutivo manda esta modificación.
Todos deben estar registrados, en el caso de las fuerzas de seguridad, tanto policías como penitenciarios, personal que puede estar en la escena de algún crimen, antes o después de ocurrido el hecho, y “ensuciarla”. En este caso, también se incluye a los aspirantes a ser parte de las fuerzas de seguridad.
Más aún, el Gobierno también incluye compulsivamente en el registro a vigiladores privados, quienes también pueden quedar involucrados en la escena de un crimen.
El proyecto prevé que los condenados e imputados también engrosen el registro de huellas genéticas. El fiscal, al momento de dictar la imputación, debe ordenar la toma de muestras del acusado.
En el artículo 9 del proyecto se establece un plazo de cuatro meses para que a todos los condenados que no están hoy registrados también se les tome la muestra y sean incorporados al registro.
Así, toda persona que pueda estar vinculada a un crimen, un accidente o un incendio, tiene que estar registrado. En el Ejecutivo indican que así es en la ley homóloga chilena, en la nacional y en la cordobesa.
En el proyecto se indica que se proponen otras finalidades para el registro provincial “como la de intervenir en casos que no necesariamente involucren a la justicia penal, cooperando a la resolución de todo asunto litigioso en la jurisdicción provincial. También un episodio de desastre masivo, tal como un sismo”.
Cabe preguntarse sobre posibles quejas constitucionales por la amplitud en la toma de muestras. Desde el Gobierno indican que no se vulnera el derecho de la identidad, es sólo a los fines de la identificación. “El ADN es como la huella dactilar y la obtención de la muestra no es vejatoria, porque se saca saliva. No hay nombres en el banco, sólo códigos de barra, y se comparará la prueba con todo el banco, no con el ADN de una persona en particular”, explicó el ministro de Seguridad, Gianni Venier.
En los considerandos se indica que “la obtención del ADN es idóneo para probar la identidad de una persona, sin adentrarse ni permitir determinar notas que bien podrían ser utilizadas indebidamente y con finalidades prohibidas por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las normas locales”.
Hay un límite para que un perfil genético sea parte del registro: “Se ha establecido en el plazo de 50 años como límite temporal, en virtud de la práctica forense de investigación, duración de las condenas, derecho comparado nacional -Ley 26.879 - e internacional - ley 19.970 República de Chile-, entre otras”.
Entrando al terreno más técnico, en el Ejecutivo aseguran que la provincia maneja actualmente 13 marcadores polimórficos de ADN, mientras que a nivel internacional desde 2014 se avanza hacia los 20 marcadores para la determinación de perfiles genéticos. La fecha límite impuesto a los laboratorios del mundo para llegar a ese estándar es 2017.
Aún se están haciendo los números finos para mensurar el costo de todos los cambios. En estos días hablan de $ 27 millones y esperan poder hacer la licitación del equipamiento en lo que queda del año.
En el registro ahora sólo hay 42 huellas genéticas
En Mendoza existen dos registros de huellas genéticas, uno el creado por la ley N° 8.611 de octubre de 2013 y otro más antiguo, de 2004, creado por la ley 7.222, el Registro Contra la Integridad Sexual. Allí debían estar los criminales vinculados a delitos sexuales. Actualmente hay 42 huellas registradas de un total de casi 1.000 condenados desde su creación hasta ahora.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, dice que “por ahora van a coexistir ambos registros, pero que se va a mejorar e intensificar la toma de muestras”.
Actualmente, la mayor parte de la prueba es testimonial, por lo tanto también lleva implícita cierta falla de solidez en el origen. Al fortalecer el banco de huellas genéticas se espera que las coincidencias otorguen prueba irrefutable de que alguien estuvo en la escena de un crimen. Al menos en lo teórico debería ser así.
En el registro homólogo del Reino Unido, National DNA Database, hay 5.716.085 perfiles de criminales y 456.856 perfiles de evidencias; en el período 2001-2014 se obtuvieron más de 470.000 coincidencias entre sospechosos y evidencias, por lo que se pudieron resolver más de 400 mil casos.
En Estados Unidos el National DNA IndexSystems tiene 12.299.460 perfiles de criminales y 697.749 perfiles de evidencias. Se obtuvieron 328.463 coincidencias claves para la resolución de 316.115 casos.
