Desde que se crearon los bancos centrales como organismos encargados del manejo de la política monetaria se constituyeron en una clave de la organización económica.
Nuestro Banco Central fue creado en 1936, como parte de una profunda reforma monetaria. Se le atribuyó esencialmente la función de preservar el valor de la moneda, de la que tiene el monopolio de emisión.
Desde entonces, se han sucedido los gobiernos que respetaron su autonomía y función crucial de preservar el valor de la moneda.
Han sido gobiernos peronistas precisamente los que eliminaron su autonomía y subordinaron su manejo a los dictados de la política económica o de la política a secas.
Lo hizo el peronismo, que estatizó el Banco y estableció que el sistema bancario operara por su cuenta y orden, la mal llamada nacionalización de los depósitos.
El sistema se repitió en el período 1973-76. Durante el gobierno de Menem, conforme a la Ley de Convertibilidad, el Central gozó de la mayor autonomía de las últimas décadas.
El kirchnerismo volvió a cercenar su autonomía reformando la Carta Orgánica, subordinando la preservación de valor de la moneda a otros objetivos difusos de política económica y especialmente usando al Banco y la emisión de dinero para financiar el gasto público. Los resultados están a la vista, 40% de inflación.
Néstor Kirchner nombró, en 2004, como presidente del Banco a Martín Redrado, quien a fines de 2009 se negó a entregar reservas, tuvo un serio incidente fue destituido por un Decreto de Necesidad y Urgencia de Cristina Fernández.
En noviembre del año pasado, junto a la asunción del Ministerio de Economía por Axel Kicillof, asumió Fábrega, quien venía del Banco de la Nación.
Había amplio consenso en el sistema financiero, y entre los economistas Fábrega era un funcionario que ponía prudencia y sentido común en un gobierno en que los funcionarios hacen gala diariamente de lo contrario.
Desde hace tiempo, tanto la Presidenta como el ministro de Economía han colocado al sistema financiero en general y ciertos bancos en particular como los responsables de al menos buena parte de los problemas económicos del país.
En sus discursos incendiarios del lunes, la Presidenta acusó de maniobras especulativas a un grupo de bancos, con nombre y apellido, acción irresponsable que no mide el daño que puede hacer a la reputación de esas instituciones y los riesgos que pueden implicar para el sistema financiero.
En reemplazo del renunciante fue nombrado Alejandro Vanoli, hasta ese momento presidente de la Comisión Nacional de Valores, que se ubica en las antípodas de Fábrega.
En los medios especializados se destaca que carece de nivel y experiencia profesional en el manejo del sistema financiero. Es un intervencionista extremo, como lo ha mostrado desde la elaboración de la ley que regula la Comisión Nacional de Valores, como en el constante acoso a las empresas cotizantes.
Tiene una visión policial de las funciones del Central y es un hombre que obedecerá al pie de la letra las indicaciones del ministro de Economía y de la Presidenta. Esta cualidad de obediente es la que habría tenido mayor peso en su designación.
El BCRA estará sometido totalmente a la política que implemente el Ministerio de Economía. Los restos de autonomía que intentaba el anterior presidente ahora desaparecen.
El sistema financiero debe esperar mayor intervención, control y restricciones para funcionar. Se debe esperar mayor emisión monetaria, menor absorción con Letras y Notas, bajas tasas de interés, crédito dirigido y más financiamiento al Gobierno.
Son esperables sanciones para quienes publiquen las cotizaciones de los mercado paralelos ya que Vanoli ha expresado que “publicar la cotización del dólar “blue” es como publicar el precio de la cocaína”.
Las restricciones al acceso a la compra de dólares van aumentar. El Gobierno cuenta ahora con la ley antiterrorista y la de abastecimiento para obligar a vender (granos por caso) y prohibir comprar (dólares o títulos y acciones dolarizadas). El populismo profundiza su política en un contexto muy delicado de la economía.
