James de la Rosa murió a balazos el 13 de noviembre de 2014: lo mató un policía de Bakersfield, un pueblo rural en el corazón de California.
Tenía 22 años, sin antecedentes penales. Su madre Leticia asegura que “era un buen chico con un futuro brillante”. “Estoy destruida”, dice frente a su tumba, sosteniendo entre sus brazos un retrato del muchacho en el que aparece sonriente.
Su hermano Joe Arambulo sostiene que James murió “por nada” al igual que docenas de personas asesinadas en los últimos años por una de las policías más letales de Estados Unidos, según un informe de la ONG Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
La violencia policial ha ocupado grandes titulares en los últimos años: en Ferguson, Nueva York y Baltimore, por nombrar algunas, hombres negros desarmados son muertos a tiros por policías, generalmente blancos, desatando protestas que muchas veces degeneraron en disturbios.
"Anomalía estadística"
Sin atención mediática, el condado de Kern, donde queda Bakersfield, registra al menos 29 muertos por disparos de policías desde 2013, según ACLU. Las familias de las víctimas cuentan 38, 14 tan solo en 2015.
Ese año oscuro es una “anomalía estadística”, según el abogado del sheriff del condado, Mark Nations, que aseguró que desde entonces no se han reportado más muertes causadas por sus funcionarios.
La policía de Bakersfield, responsable de al menos cuatro muertes en 2016, señala que no puede responder a las preguntas porque una investigación del fiscal de California está en aún en curso. Otra federal se condujo en 2003.
Nations aseguró que su despacho está dispuesto a hacer las reformas que la pesquisa considere necesaria.
"Es el lejano oeste"
La ACLU denuncia en su informe el “uso excesivo de la fuerza” y un “patrón de disparos, golpizas y ataques caninos” por las fuerzas del orden “especialmente cuando se trata de individuos desarmados”.
Es “el Lejano Oeste”, lo resume Josth Stenner, miembro de la ONG Fe en el Valle. “Hay pobreza, segregación” en una economía dependiente de la agricultura y el petróleo.
Entre los casos destaca el de un anciano de 73 años que padecía demencia impresiona: tenía un crucifijo en el bolsillo que la policía aseguró confundió con un arma.
La mayoría de los muertos o heridos son negros o hispanos, mientras que la policía es mayoritariamente blanca. La ACLU asegura que varios efectivos están involucrados en varios casos.
Uno de ellos por ejemplo estuvo presente en la muerte de James de la Rosa y otras dos víctimas: Jorge Ramírez y Jason Alderman.
Este último trataba de robar un sitio de comida rápida en agosto de 2015. Estaba cerrado y no consiguió dinero. Tenía un gato hidráulico que según la policía se confundió con un rifle cuando le metió siete balazos.
Un video de seguridad lo muestra de cuclillas saliendo por la puerta de vidrio cuando lo mataron: tenía 29 años y dejó dos hijos huérfanos.
Jorge Ramírez tenía 34 años y cinco hijos cuando murió acribillado por policías el 16 de setiembre de 2013. Estaba en libertad condicional y aceptó colaborar con los agentes para hacerlos llegar a un sospechoso. La operación terminó en un baño de sangre en un estacionamiento.
No estaba armado y “esperaba que la policía lo protegiera, pero en cambio lo mataron”, dijo su padre que se llama igual.
“Estaba acostado boca abajo, esposado y luego la policía le dispara más. Esa imagen me persigue”.
Las familias denuncian además falta de transparencia, de tardar meses en obtener un informe policial, de sufrir intimidaciones y ver total impunidad, mientras que las investigaciones internas después de cada incidente aseguran que no se incumplió con ningún protocolo de seguridad.
Leticia De La Rosa llegó a un acuerdo con la ciudad y obtuvo una indemnización de 400.000 dólares, especialmente después que se denunciara que un oficial hizo “cosquillas” en el pie del cadáver en juego. La familia Alderman espera un juicio en julio próximo y Jorge Ramírez padre dice “quiere justicia”.
Igual el mal está hecho, lamenta Arambulo: “cada vez hay más familias rotas”.
