Tras el escándalo político en el Congreso y la represión en las calles, el Gobierno analiza ofrecer un bono de 800 pesos a los jubilados en dos cuotas para compensar el menor aumento que generaría en marzo la nueva fórmula de ajuste de los haberes y destrabar así el debate legislativo para la reforma previsional, que se vio frustrado ayer por la furia que se desató en las calles y también adentro del Congreso.
La iniciativa fue diseñada en la Coalición Cívica, que lidera la diputada Elisa Carrió, y entregada ayer al mediodía en jefatura de Gabinete. Tras la consulta al presidente, Mauricio Macri, fue girada por la tarde a Hacienda para que se realice la proyección de impacto fiscal, que sería de unos 9.600 millones de pesos, según confiaron fuentes oficiales a Los Andes.
La "mesa chica" del Gobierno, integrado por Macri, Marcos Peña y los dos vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, bajó la orden al oficialismo: "La reforma sale sin cambios, tal como llegó con media sanción desde el Senado". Si hay un bono, será por afuera del recibo de haberes.
Así, la gestión de Cambiemos buscará seguir adelante para que se sancione la reforma previsional, dado que de ella depende la instrumentación de la reforma tributaria y el Pacto Fiscal, que bajará gradualmente los recursos propios de las provincias, por lo cual la Nación deberá compensarlas.
Desde el FPV-PJ, el Frente de Izquierda, el interbloque del Frente Renovador-UNA, el Peronismo Federal y Justicialistas dijeron a este diario que tampoco aceptarán la idea del bono porque los haberes de los jubilados seguirán deprimidos para cuando se aplique la nueva fórmula. De esta manera, la discusión seguirá trabada al menos hasta la semana próxima.
Peña, en una conferencia de prensa brindada cuando el comando de la Gendarmería y la Policía Federal continuaba disparando balas de goma en inmediaciones del Congreso, le apuntó directamente al kirchnerismo como quien orquestó la “acción deliberada de violencia y de búsqueda de bloqueo de funcionamiento de una institución como es la Cámara de Diputados”.
“Se convirtieron en piqueteros del recinto. Algo que nunca la oposición hizo en 12 años cuando vimos al kirchnerismo atropellando muchas veces el debate. Pero nunca se recurrió a la violencia como ahora”, dijo Peña. Aseguró que el oficialismo insistirá con la iniciativa sin introducirle cambios porque “esa ley tiene que salir de esa forma”.
Al ser consultado sobre la propuesta de Carrió para dos cuotas de 400 pesos en febrero y marzo, Peña admitió que el Gobierno estaba abierto a discutir las iniciativas satélites para “ayudar que la situación de los jubilados sea más digna”. Y volvió a negar que exista un recorte: “En 2018 van a ganar un 5% por encima de la inflación”.
A las 19, Macri abrió el juego en una tensa reunión con Peña y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, además del presidente de la cámara baja, Emilio Monzó; el jefe del bloque radical, el cordobés Mario Negri, y el líder del bloque del Pro, Nicolás Massot.
El jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, denunció que el quórum “fue fraudulento” y afirmó que el único que generó violencia fue el Gobierno nacional “con el fenomenal operativo represivo, aplicando violencia institucional” incluso sobre los diputados Leonardo Grosso, Victoria Donda, Carlos Campos Giusguis, Mayra Mendoza, Darío Martínez, Horacio Pietragalla y Matías Rodríguez.
Cambiemos vivió así uno de sus peores días, si no el peor, desde que es Gobierno: incluso, en un momento evaluó aplicar la reforma previsional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el dato se filtró y estalló una bomba: Carrió avisó por las redes sociales que una medida de esas características violaría la Constitución Nacional.
Según los trascendidos, el DNU ya estaba redactado y había sido firmado por todos los ministros. Sólo faltaba que estampara la suya Macri. Incluso, se dejó entrever que, para explicar esa decisión, el Presidente daría un mensaje al país.
La postura de Carrió fue un revés inesperado y el Gobierno volvió a observar que su iniciativa reformista había ingresado una vez más en pocas horas a un intrincado laberinto, ayudado a construir por un peronismo que ayer se unió circunstancialmente para voltear una medida que considera un ajuste contra los 17 millones de jubilados y niños y adolescentes que perciben la Asignación Universal por Hijos.
El golpe de gracia al DNU lo dio el anuncio del triunvirato de la CGT, que avisó que si Macri decidía avanzar con ese instrumento en vez de una ley, convocaría a un paro general. La central obrera pidió que se respete “la decisión del Congreso” y el oficialismo pareció tomar nota: anoche, empezó a circular que la reforma previsional, ya aprobada por el Senado, se tratará finalmente el lunes o el miércoles en la Cámara de Diputados.
La aliada incómoda volvió a marcarle la cancha
La diputada Elisa Carrió, pieza clave en el armado político de la coalición gobernante Cambiemos, volvió a marcar la cancha al presidente, Mauricio Macri, aclarándole que no lo acompañará en cualquier decisión.
“Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, avisó la diputada cuando el jefe de Estado se aprestaba a firmar el decreto para imponer la reforma previsional.
Ayer también impuso su idea de compensar a los jubilados con un bono y criticó el despliegue de gendarmes y policías dispuesto por la ministra Bullrich en los alrededores del Congreso.
El antecedente más fuerte había sido en febrero, cuando la propia Carrió impidió que el Gobierno reinterpretara el cálculo de ajuste jubilatorio que venía rigiendo desde 2009. “No podemos cometer más errores. No es lo mismo ser un CEO que trabajar en el Estado”, avisó entonces.
En los dos años en el poder, Carrió ha destruido acuerdos sellados de Macri con el peronismo y con el massismo, e incluso instó al Presidente a “probar su inocencia” cuando fue acusado de formar parte de firmas off shore.
La CGT definió "paro total inmediato" si hay DNU
La CGT convocó a “un inmediato paro general nacional” de 24 horas para el caso de que el presidente Mauricio Macri firme un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para aplicar la reforma previsional que ayer no pudo debatir la Cámara baja y que en principio la central obrera había dejado avanzar en silencio.
Los líderes sindicales ratificaron el estado de sesión permanente y adelantaron que el lunes comenzarán a sesionar todos “los mecanismos gremiales” para analizar “la profundización de la protesta” ante “el cuadro de situación imperante”.
El triunvirato de la CGT que integran Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña rechazaron y repudiaron “los tristes y lamentables momentos que vivió hoy el país en torno del Congreso Nacional”, la “militarización total” del Parlamento y sus adyacencias y “la feroz represión que sufrieron los trabajadores”.
Daer, quien criticó las declaraciones del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, al señalar que lo que “el funcionario no dijo es que la realidad es consecuencia de la falta de coherencia y dirección económica, como también de las malas políticas”. “El Gobierno eligió a los jubilados, el sector más vulnerable de la sociedad, para realizar el ajuste”, sumó Schmid.
