Por Marcelo Zentil - Editor de la sección Política
Fernando Simón llega a la Fiscalía de Estado con una identificación partidaria explícita y profunda que no tuvo ninguno de sus tres antecesores: hasta hace apenas una semana fue jefe del bloque de senadores provinciales del peronismo.
Pero a diferencia de la bochada candidata a la Corte, Miriam Gallardo, y también del ya asumido vocal del Tribunal de Cuentas, Ricardo Pettignano, los otros postulados por Francisco Pérez para ocupar tres puestos clave vacantes, nadie cuestionó la capacidad y los conocimientos del nuevo fiscal.
Pero hay algo que Simón no deberá perder nunca de vista durante su gestión, sea de un año, diez o treinta, y es que él ahora ocupa ese cargo porque al anterior fiscal, Joaquín De Rosas, lo echaron por haber favorecido con sus dictámenes a Daniel Vila y su familia.
Más temprano que tarde, seguramente Simón deberá ocuparse de algún expediente vinculado a ese empresario, ahora corporizado en lo que se conoce como grupo Vila-Manzano y con numerosos intereses vinculados al Estado provincial: conduce la principal distribuidora eléctrica de Mendoza, tiene pozos petroleros, está ligado al negocio del juego y también es beneficiario de la pauta publicitaria oficial.
Simón algo sabe del tema: cuando fue secretario Legal y Técnico de Celso Jaque (PJ), pasó por sus manos el decreto que le adjudicó siete áreas petroleras a Vila y Manzano. Tres años y medio después, sin que hubieran hecho inversión alguna en esos yacimientos, ese mismo gobierno que ya estaba por irse los autorizó a venderlos.
Esa operación consumó lo que se intuía un “negocio inmobiliario” del grupo: quedarse con áreas que no podía explotar para luego traspasarlas a un operador mayor, con capacidad de inversión. Ese “grande” terminó siendo YPF, por entonces aún con la española Repsol como accionista mayoritaria.
Pero Vila y Manzano no abandonaron el negocio totalmente: se guardaron algunas acciones para sí, a fin de asegurarse parte de las ganancias futuras. Y también quedó con una pequeña porción quien hizo las veces de intermediario en esa operación: el empresario sanrafaelino Omar Álvarez, para quien había trabajado como abogado Alejandro Cazabán, el jefe de Simón en aquella gestión.
