Poco más de la mitad de los funcionarios del Gobierno de Francisco Pérez cumplieron con el plazo establecido (que fue el lunes 18) para presentar sus declaraciones juradas. En la lista se puede observar que los miembros de los ex ministerios de Salud y Seguridad fueron los que más incumplieron con el decreto 1.789/15.
Se trata de un listado, publicado ayer por la Fiscalía de Estado, compuesto por 1.437 personas que tenían esa obligación. Excepto Leonardo Comperatore, todo el gabinete de Pérez “hizo los deberes”.
Así, la lista señala con un “SÍ” o con un “NO” quiénes (de esos más de 1.400 funcionarios y empleados) cumplieron con el plazo establecido y quiénes no. Por el momento, ésa es la única información publicada, pero el mismo decreto establece un plazo de 90 días hábiles para que se dé a conocer el contenido de tales declaraciones.
Que, al igual que ahora, cualquier ciudadano que desee acceder a tales datos podrá hacerlo en la web de la Fiscalía a cargo de Fernando Simón: www.fiscalía.mendoza.gov.ar.
De las 16 reparticiones que comprendían el gobierno de Pérez es, justamente, la Fiscalía de Estado la única en la que el 100% de sus integrantes cumplieron en tiempo y forma la declaración de sus bienes. El resto, entre el 30 y el 90 por ciento. Veamos por ministerio, de los que ya -por el nuevo Gobierno- no existen o son diferentes.
Dentro de Salud, donde estaba Oscar Renna, el cumplimiento fue sólo del 32,81% de los integrantes. Algo muy similar ocurrió en Seguridad, conducida por Comperatore, donde únicamente el 33,33% del personal presentó su DDJJ en el plazo establecido.
En forma creciente, siguen la DGE y el ministerio de Agroindustria, con porcentajes similares: 54,72% y 57,14%, respectivamente. Continúa Turismo, que guiaba Javier Espina, con el 65,22 %; Hacienda y Finanzas, con Juan Gantús, el 65,85% y Desarrollo Social y Derechos Humanos, conducida por Cristian Bassín, con el 68,18%. En el extinto ministerio de Energía que tenía a cargo Marcos Zandomeni, el 70% de sus miembros hizo la presentación; el 76,47% del Ministerio Secretaría Legal y Técnica (Francisco García Ibáñez) y el 77,38% del de Trabajo, Justicia y Gobierno (Rodolfo Lafalla).
Dentro de los más cumplidores hay que mencionar a Cultura, que conducía la ex ministra Marizul Ibáñez, con el 80%; luego a la guiada por Rolando Baldasso, es decir Infraestructura, con el 82% y Transporte, que tenía a cargo Pablo Rousseau -que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito- con el 83,33%.
En el también desaparecido ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, que llevaba Guillermo Elizalde, el 91,67% y en Deportes (Marcelo Locamuz) el 92,31%. Completando la lista, la Fiscalía de Estado con el 100%.
Hay que remarcar que dentro de los 729 que sí informaron en el plazo fijado su situación patrimonial están el ex mandatario Pérez y su vice Carlos Ciurca. Además de ellos y de sus ministros, el decreto obliga a cumplir con el requisito a secretarios, subsecretarios, directores generales, directores, escribano general de Gobierno y su sustituto legal; fiscal de Estado y su sustituto legal; jefes de Gabinete y asesores del Gobernador y de los ministros; contador general de la Provincia y tesorero general, contadores, tesoreros y habilitados de todas las jurisdicciones; jefe y subjefe de Policía, prefecto general y prefecto del Servicio Penitenciario.
Respecto a los funcionarios de Alfredo Cornejo, que también tienen la obligación, cuentan con 30 días hábiles desde su nombramiento para cumplirla. Quienes no lo hagan podrán hasta ser separados de su cargo. Si ya no lo ocupan, como los de Pérez, la Fiscalía de Estado sugerirá que no puedan ser designados en la administración pública provincial.
