Si sobre algún tema somos reiterativos en esta columna es el gasto público, el déficit fiscal, el endeudamiento del país. Hemos dicho hasta el cansancio, y lo seguiremos diciendo, que el crecimiento del gasto público en todos los niveles y jurisdicciones hasta 2015 obedeció en su mayor parte al enorme incremento del empleo público.
Este fenómeno ocurrió tanto en el Gobierno nacional, empresas públicas, organismos descentralizados, provincias y municipios. Fue acompañado de otro fenómeno, inédito hasta entonces: la remuneración del personal del sector público en general pasó a ser superior a la del sector privado. Frente a esta realidad cuestionada resulta auspicioso el dato de la reducción del empleo público en Mendoza, ampliamente tratado en nuestra edición del domingo 8 del corriente. Y quizás el hecho más revelador es que se trata de un proceso puesto en marcha por el Gobierno provincial desde el inicio de su gestión, acorde con las propuestas de Alfredo Cornejo en la campaña electoral. Sostenía entonces que su prioridad era ordenar el Estado, especialmente en cuanto al personal, sindicatos, paritarias. Un dato de importancia es que, como candidato a gobernador, exhibía el antecedente de un proceso similar realizado como intendente de Godoy Cruz donde redujo la planta de personal y produjo una mejora en la prestación de servicios y la realización de obras públicas. Los números de la reducción de empleados son importantes: 9.000 personas en poco más de 2 años de gestión; de ellos 5.000 por jubilaciones, el resto por renuncias, cesantías, fallecimientos. Entendemos que la reducción se ha producido en la Administración Central. En términos porcentuales se trata prácticamente del 10% de la planta de personal existente al momento de inicio del actual gobierno.
Razón tiene el Gobierno de decir que hizo al principio lo que en la Nación quieren ejecutar ahora. El ordenamiento de la situación del personal y la regularización legal de los que estaban, ha permitido un proceso de jubilaciones importante numéricamente que prosigue en el transcurso de este año. Y en el próximo se jubilarán cerca de 2.000 empleados, terminando la actual gestión con 8.000 jubilados. El ahorro en gasto también, por cierto, es significativo.
Otro aspecto que resalta, porque viene a corregir una viciosa práctica enquistada en la administración pública, es la reducción de los contratos de locación de servicios, con una baja del 30% respecto al inicio. Los contratos de locación han sido una vía de elusión del proceso de designación, pero que terminaban siempre en el mentado "paso a planta". Justamente el gobierno debió hacer ese procedimiento con más de 3.000 empleados en cumplimiento de un acuerdo paritario firmado, irresponsablemente como tantos otros asuntos, por el exgobernador Francisco Pérez.
Otros aspectos interesantes del ordenamiento del empleo público fueron la reducción del número de ministerios y secretarias de 14 a 8 y una disminución de los cargos políticos de 480 a 300. El presidente Macri debería analizar esto, ya que se necesita una urgente baja de gastos.
Finalmente otro hecho positivo es el proceso de concursos para el ingreso a la administración.
Ahora bien, estos pasos positivos en materia de reducción del empleo público se dan en un contexto de un enorme crecimiento del peso del gasto público y la carga impositiva, responsabilidad de los gobiernos que precedieron al actual. En el caso de la planta de personal, entre 2008 y 2015 creció casi 30%. En ese mismo lapso la relación entre el gasto público y el Producto Geográfico Bruto (PGB) pasó del 14,6% al 24%, estando levemente por debajo de ese guarismo en 2016/17. El gasto público en ese período se multiplicó por 12,3 mientras el PGB sólo por 7,5 veces. La carga tributaria de origen provincial pasó del 3,8% del PGB al 7,1%. La tarea para volver a relaciones razonables exige convicción política y perseverancia. Quedan interrogantes sobre el empleo público, qué está pasando en las viejas y nuevas empresas del Estado y qué están haciendo los municipios.
