Con la desafección de buena parte de los chilenos y la rebelión de sus socios de gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, la otrora “madre de Chile”, vive sus peores horas en La Moneda, donde encara la recta final de su segundo mandato.
El revés sufrido en los comicios municipales de fines de octubre -en los que la derecha consiguió un triunfo arrollador- incrementó la sensación de fin de época al interior del palacio de gobierno y del “sálvese quien pueda” en su coalición de partidos.
Lejos quedaron esos días en que los partidos de su alianza, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, se alineaban detrás de su figura al calor de una popularidad surgida gracias a su calidez y cercanía.
Hoy, con sólo un 24% de respaldo, Bachelet, de 65 años, está cada vez más aislada. Su soledad se hizo más patente en las últimas semanas, cuando los partidos de su agrupación le asestaron derrota tras derrota.
La más dura, el rechazo repetido en el Congreso a su propuesta de aumento salarial para los funcionarios públicos (3,2%), que llevan varias semanas en huelga, dejando en insostenible posición a tres de sus ministros más cercanos: el de Hacienda, Rodrigo Valdés, que vela por la buena salud de las cuentas públicas; su mano derecha y encargado de coordinar con la coalición, Nicolás Eyzaguirre; y su ministro portavoz, Marcelo Díaz.
Presionada por los plazos electorales y la rebelión en su coalición, debería concretar cambios en su gabinete esta semana.
Corta luna de miel
Para este segundo mandato, Bachelet propuso una artillería de reformas en su programa: educacional, tributaria, laboral, aborto terapéutico.
Pero a 16 meses del final de su gobierno, muchas siguen sin concretarse o se aprobaron de manera parcial, sin dejar contento a nadie.
“Ella llegó al poder prometiendo muchas cosas. Pero eran promesas de cosas que no iba a poder cumplir; ahí estuvo su error”, explica el analista de la Universidad Diego Portales, Patricio Navia.
Después de terminar su primer gobierno (2006-2010) con un 84% de popularidad, la luna de miel con la sociedad chilena y los partidos políticos que fueron a buscarla a Nueva York -donde dirigía la organización ONU-Mujer-, duró poco.
Tras sacrificar un puesto de prestigio internacional, aceptó volver a Chile dispuesta a dejar su impronta.
A diferencia de la experiencia anterior, esta vez impuso los términos de su programa a los partidos de su coalición para concretar los cambios que quedaron inconclusos en su primera administración, de la que se despidió con la sensación de no haber sacudido al país de la herencia que dejó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Dejando de lado la función maternal, que era su sello, adoptó un “estilo más varonil” en el que “sólo velaba por la ejecución de su programa”, sin escuchar los consejos de sus antiguos partidarios, que se fueron alejando cada vez más de ella, apunta el sociólogo Eugenio Tironi.
Es una “nueva Michelle Bachelet”, más insensible y menos acogedora que la de antes, asegura.
La desaceleración de la economía mundial, que arrastró a la baja el precio del cobre, una de las principales fuentes de ingresos del Estado chileno, redujo su margen de maniobra.
Pero el principal dolor de cabeza vino de su propia familia. En febrero de 2015, antes de cumplir su primer año de gobierno, la prensa destapó un millonario negocio inmobiliario que tenía a su hijo Sebastián Dávalos Bachelet y a su nuera, Natalia Compagnon, como protagonistas.
Sin capital personal, el matrimonio logró un millonario crédito bancario para la compraventa de un terreno en el sur de Chile que les dejó millonarias ganancias.
Fue el peor año de su vida política, según reconoció ella misma, con un altísimo costo personal pues marcó también un alejamiento de su hijo y nietos.
Continúan movilizados los funcionarios públicos
Unos 3.000 funcionarios públicos marcharon ayer en Santiago, cuando se cumple la tercera semana de movilizaciones y huelgas, en el marco de la negociación salarial para 2017, una dura puja que tiene enfrentado al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet con el Congreso.
La semana pasada, por segunda vez, el Congreso rechazó el proyecto de ley de aumento enviado por el gobierno, que establecía un reajuste salarial para la burocracia de 3,2%, una ligera alza sobre la inflación anual estimada en 3%.
“El 3,2% tiene que moverse, porque el reajuste real significa 0,2%, que es el más deficiente de los últimos años. No es lo justo”, comentó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), a Televisión Nacional de Chile.
El gobierno defiende su posición alegando la desaceleración económica que vive el país, que cerrará el año con un crecimiento de cerca del 1,75%.
Para el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, es necesario que el Congreso tome una decisión “a la brevedad”, pero advirtió que esta resolución deberá estar “dentro de lo que demanda la economía del país”.
