Días pasados, el Gobierno Nacional declaró en estado de emergencia o desastre agropecuario a distintas zonas de Mendoza, de San Juan, de Catamarca y de Río Negro. Según se indica, los productores afectados por las heladas y el granizo en la temporada 2012-2013 tendrán beneficios financieros e impositivos hasta el 31 de diciembre. Un aporte interesante, pero lo preocupante es que se trata de las pérdidas sufridas en la producción entre enero y mayo de este año, por lo que la ayuda llega bastante demorada.
Los productores mendocinos conocen con holgura lo que es sufrir por los accidentes climáticos. Las heladas tardías -este año fue un fiel reflejo de ello- o el granizo de las tormentas estivales suelen llevarse gran parte de la producción.
En ese marco, el trabajo de todo un año queda destruido en minutos y a los productores les resulta muchas veces imposible hacer frente a las tareas culturales que permitan recuperar las plantas con miras a una próxima cosecha. Es por ello que toda ayuda que reciban de parte del Estado, también la declaración de emergencia, les resulta fundamental.
Es la Provincia la que suele actuar de inmediato, pero lo que sucede a nivel nacional resulta sumamente lento y las ayudas, precisamente por esas demoras, suelen resultar infructuosas o insuficientes. Entre los aportes se indica que los productores afectados tendrán el beneficio de la prórroga o exención de impuestos a través de la AFIP y de facilidades sobre las deudas que mantengan con entidades bancarias, entre otras opciones.
Prevé también la asistencia técnica y financiera, con aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, indicando que el tipo de beneficio se entregará de acuerdo con la situación particular de cada productor, dependiendo de si su plantación entra en la categoría de emergencia o desastre.
Pero insistimos, siendo beneficios importantes para el productor, la norma contempla las contingencias climáticas ocurridas desde el 1 de enero hasta mayo de este año.
Y la realidad es que el productor afectado debió hacer frente a trabajos como la poda o abonos necesarios para las fincas antes de ser apoyado por el Estado, por lo que en muchos de los casos le resultó imposible realizar esas tareas culturales por problemas financieros surgidos, precisamente, de la imposibilidad de cosechar su producción. Una situación que se ha multiplicado este año como consecuencia de las heladas tardías que se produjeron a mediados de octubre.
Es cierto que acá también la Provincia declaró rápidamente la emergencia inmediatamente después de producido el fenómeno climático, sin embargo los gobiernos provinciales tienen la obligación de reclamar mayor celeridad en la toma de decisiones por parte de sus pares nacionales.
Esencialmente porque el mismo es rápido para actuar cuando se trata de las retenciones por exportaciones o por el IVA y lento para decidir cuando debe devolver parte de esas retenciones, a punto tal que existen demoras de seis y ocho meses, siendo que hay millones de dólares en juego que afectan directamente a la economía regional. No hay, además, que olvidarse que los márgenes de ganancia deben ser mínimos para poder ser competitivos en los mercados internacionales.
