Los últimos testigos de la defensa de Dilma Rousseff comparecieron ayer en el Senado, en la antesala del alegato que dará la propia presidenta el lunes, en el juicio político que se encamina a destituirla definitivamente.
El tercer día del impeachment de Rousseff -separada del poder y acusada de adulterar las cuentas públicas para asegurar su reelección en 2014, práctica vedada por la Constitución que según sus detractores siguió tras asumir-, tuvo el testimonio de una figura de su gobierno: el ex ministro de Hacienda Nelson Barbosa.
“No hay como hablar de ilegalidades”, dijo Barbosa tras detallar que la promulgación de unos decretos que le endilgan a Rousseff haber aprobado a espaldas del Congreso respetaron la Constitución.
Las cinco votaciones previas a la sentencia que se conocería entre el martes y el miércoles fueron favorables a condenar a la primera mujer que ocupó la presidencia de Brasil.
Se necesitan 54 de los 81 votos posibles para consumar la caída y acabar con un ciclo de cuatro gobiernos consecutivos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva. El gobierno de Michel Temer, vicepresidente que sucedió interinamente a Rousseff, espera obtener unos 60 votos en la rueda final.
Las sesiones estuvieron signadas por cruces de alto voltaje, descalificación de testigos e insultos cara a cara que obligaron a suspender los trabajos al menos tres veces.
Con más de la mitad de los senadores con causas pendientes o bajo investigación, la sombra de la corrupción sobrevuela el recinto.
Rousseff, una ex guerrilla marxista, dice ser víctima de una farsa que enmascara un golpe parlamentario de Temer, quien aspira a terminar el mandato hasta 2018.
