Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron ayer que la oposición podrá avanzar hacia un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, en momentos de creciente tensión política y descontento popular.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a la prensa para confirmar que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reunió las 200.000 rúbricas exigidas para activar el referendo, luego de que la semana pasada dejara en suspenso el anuncio.
La coalición opositora exige celeridad. En su objetivo de que el revocatorio se realice este año, quiere arrancar cuanto antes la segunda etapa: la recolección de otras cuatro millones de firmas (20% del padrón electoral), necesarias para que se convoque a la consulta.
"La paz de Venezuela depende del referendo. El pueblo quiere expresarse a través del voto. Estamos todos a la espera", afirmó ayer el excandidato presidencial Henrique Capriles.
La MUD acusa al CNE de ser aliado del gobierno y de retrasar el proceso para evitar que la consulta se haga antes del 10 de enero de 2017.
Si el referendo se realiza este año y Maduro pierde, habrá elecciones; pero si es revocado después de esa fecha, los dos años de mandato que faltarían los completará su vicepresidente.
Estados Unidos, al que Caracas acusa de injerencia, terció ayer. “Llamamos a las autoridades venezolanas a permitir que este proceso avance de una manera oportuna y justa, y no jugar a retrasos que vayan en ventaja de una parte frente a la otra”, dijo el secretario de Estado, John Kerry.
Para revocar a Maduro se necesitan más de los 7,5 millones de votos con los que fue elegido en 2013. Según la firma Venebarómetro, 73,4% de los venezolanos reprueba su gestión y 64% de los electores votaría por sacarlo del poder.
El malestar aumentó en los últimos meses. Casi a diario ha habido protestas por falta de comida, pues la escasez de alimentos y medicinas alcanza el 80%, y no hay bolsillo que siga el ritmo de una inflación que fue de 180,9% en 2015 y está proyectada por el FMI en 720% para 2016.
El gobierno, que atribuye la crisis al desplome de los precios del petróleo y a una “guerra económica” de empresarios, asegura que no habrá referendo este año. Su última jugada fue una petición al CNE, la semana pasada, para que inhabilite a la MUD como actor político, acusándola de fraude en la recolección de las 200.000 firmas.
"El referendo está muerto legalmente"
El propio Maduro demandó por fraude a la MUD ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -al que la oposición también acusa de servir al chavismo-, lo que se sumó a 8.600 recursos legales interpuestos por el oficialismo.
“El referendo revocatorio está muerto legalmente, porque nada puede edificarse sobre una base profundamente fraudulenta”, aseguró Jorge Rodríguez alcalde de Caracas y encargado por Maduro para monitorear el proceso, tras entregar en la sede del CNE una carta que reseña las acusaciones.
El jefe del bloque opositor en el Parlamento, Julio Borges, dijo esperar un voto masivo contra Maduro. “Lo que debe de haber no es un revocatorio, sino un 'revolcatorio'”.
Mientras, el analista Benigno Alarcón advirtió que el CNE debe abrir “la válvula de escape”, pues si no hay referendo revocatorio “la presión va a salir por otros medios”, como un estallido social.
Para analistas como Eugenio Martínez y José Ignacio Hernández, la petición de ilegalidad contra la MUD es “improcedente”, pero reconocen que podría retrasar el referendo, ya de por sí con el tiempo muy ajustado.
Tras aprobarse las 200.000 firmas, la MUD tiene dos días para solicitar el referendo; luego, el CNE definirá en dos semanas la fecha y puntos de recolección de las cuatro millones de rúbricas.
La oposición tiene tres días para recolectarlas, el CNE debe contabilizarlas en 15 días hábiles y luego habrá tres meses más de organización de la consulta.
El ambiente se enturbió aún más el pasado jueves, cuando el Parlamento -de mayoría opositora- reincorporó a tres de sus diputados que la justicia ordenó separar en enero mientras resolvía una acusación de fraude electoral presentada por el chavismo.
Seis meses después el caso no ha sido resuelto, por lo que la MUD los juramentó. El TSJ aseguró el domingo que aún recopila pruebas para dictar sentencia.
Ante la profundización de la crisis, una comisión de expresidentes liderada por el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero impulsa un diálogo entre gobierno y oposición.
