La propuesta del gobernador, Alfredo Cornejo, para recuperar la voz de mando en los hospitales, tuvo ayer el primer visto bueno de la Cámara de Senadores y, si en Diputados corre la misma suerte, hoy podría ser ley.
El proyecto que ayer reunió 33 votos a favor (del oficialismo y del PJ) y sólo dos contra (del FIT), prevé limitar la descentralización de los hospitales, lo que significa, a su vez, quitar la autarquía “que permitió el desarrollo inequitativo” de los diferentes centros de asistenciales, según el argumento oficialista.
El objetivo final es que los hospitales no decidan más el destino del dinero por fuera de la política central que marque el Ministerio de Salud.
“Hay ejemplos que reflejan esta disparidad que se dio en el crecimiento de los hospitales y en esta autarquía con descentralización mal entendida. Hay hospitales que recibieron un tomógrafo o realizaron licitaciones y el ministerio nunca se enteró”, esgrimió la senadora radical Claudia Najul.
El proyecto en cuestión es el segundo que Cornejo presenta a la Legislatura en materia de Salud y, como los demás debates que se dieron en este tiempo, tendrá un tratamiento exprés, si se tiene en cuenta que recién la semana pasada se le dio estado parlamentario.
La primera ley para el área fue la emergencia sanitaria, que puso en un marco de crisis a todo el sistema. Entre sus principales aspectos, permitió las contrataciones directas por hasta 10 millones de pesos. En aquel entonces, el debate fue más amplio y la ley salió con los números justos.
Pero a diferencia de aquella vez, el Frente para la Victoria ayer acompañó sin muchas objeciones este proyecto, salvo algunas observaciones a la redacción que fueron rápidamente acomodadas.
"En cuanto a lo demás, decidimos acompañar porque es dar una herramienta más al Ejecutivo", justificó el senador justicialista Samuel Barcudi.
En concreto, el proyecto, que de tratarse hoy se convertirá en ley seguramente, prevé modificar la composición del directorio, con la intención de quitar esa instancia intermedia de deliberación que hay desde hace dos décadas en cada nosocomio.
De esta manera, se pretende achicar la mesa que hoy está compuesta por un presidente, un director ejecutivo, un representante del personal profesional y otro del no profesional.
Con el cambio, sólo quedarán un director ejecutivo y los gerentes. En el caso de los hospitales más grandes, como el Central, Notti, Lagomaggiore y Schestakow, habrá tres gerencias: una administrativa, una de recursos humanos y otra asistencial.
En los hospitales de mediana complejidad, serán dos, mientras que en los más chicos sólo habrá un gerente asistencial, además del director ejecutivo.
Para esto, se modificará la ley 6015, que en 1993 permitió la descentralización de los hospitales públicos, en consonancia con el achicamiento del Estado. Este cambio, que por primera vez va en sentido contrario del espíritu de aquella ely, es porque el Gobierno pretende dar centralidad a las políticas de salud.
“El tiempo demostró que esta política llevó a la ineficiencia e inequidad. Los hospitales públicos pasaron a ser sociedades anónimas en las que el director tenía facultades de comprar y vender, en algunos casos hasta acciones y títulos. Esto llevó a un desarrollo inequitativo en las instituciones. En muchos casos, los directores tenían mayor poder de decisión y conducción que los mismos ministros”, fundamentó el senador Eduardo Ginner (UCR).
Según el radical, un segundo efecto de la descentralización fue el crecimiento desparejo. “Algunos hospitales chicos y medianos bajaron sus categorías y capacidad de prestación, mientras que los más grandes terminaron concentrando la asistencia”.
En el FpV, sin mucho para objetar, pidieron que se tenga en cuenta el reparto presupuestario. “Han centralizado mucho en la órbita del Ministerio de Salud. Esto puede afectar a los hospitales más alejados y se puede perder agilidad en la toma de decisiones. Otro tema es que se deje reflejado un reparto equitativo del Presupuesto, ya que les damos una ley pero no les garantizamos fondos”, dijo Barcudi. Según el justicialista, el ministro se comprometió a atender estos pedidos.
Los gremios y el FIT, críticos
Las dos voces opositoras que tuvo este debate fueron, por un lado, los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que cuestionaron el hecho de que el Ejecutivo tendrá más poder, y, por el otro, los gremios.
Estos últimos son ATSA, que ocupaba los lugares de representación de los no profesionales en la anterior composición del directorio, y ATE, que está enfrentado desde hace tiempo con Cornejo.
“El proyecto de centralización del poder de la salud pública no va a cambiar absolutamente nada si no hay una política de salud pública. Lo que están haciendo es concentrar toda la recaudación de terceros para que la maneje el mismo gobernador en beneficio propio y de sus amigos empresarios”, opinó Roberto Macho, secretario general de ATE.
Esta postura encontró su lugar en el recinto a través del voto de los dos senadores del FIT, que rechazaron el proyecto oficialista. “Han pasado seis meses de la emergencia en Salud y no se ha solucionado nada en absoluto en los cuatro hospitales de alta complejidad de la provincia”, criticó Víctor Da Vila.
