El Gobierno avanza con su plan para bajar entre 13,5 y 17,5 puntos los intereses en los juicios en donde hay una obligación de pagar dinero, ya sea por un pleito laboral originado en un despido o un conflicto entre un inquilino y su locador por un alquiler impago, por mencionar algunos ejemplos.
Ayer, la Cámara de Senadores dio su aprobación a un proyecto que envió el gobernador, Alfredo Cornejo, que intenta revertir una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia.
A través de un fallo plenario, el tribunal mendocino elevó los intereses moratorios de los juicios, que pasaron de 27% a 40%. Es decir, 13 puntos más. La intención es llevarlos al cálculo en UVA, actualizables por inflación, a lo que el juez podría agregar un adicional de 5%, lo que en términos actuales representaría entre 22,5% y 27,5%, según lo determine el juez.
El proyecto tuvo el voto positivo del bloque Cambia Mendoza y del PJ, mientras que los dos senadores del FIT se opusieron. El miércoles de la semana próxima podría tratarse en Diputados, en donde se convertiría en ley.
Así, Cornejo podría comenzar 2018 habiéndole ganado una pulseada a la Corte. La pelea se remonta al 30 de octubre de este año, cuando el máximo tribunal decidió, a través del fallo plenario “Lencinas contra Citibank”, cambiar la referencia de la tasa de interés en un juicio.
Se pasó de la tasa activa del Nación por plazo fijo, hoy en el 27%, a la que cobra el mismo banco por préstamos personales de libre destino a 36 meses, situada en el 40%. El fallo plenario fue dividido y evidenció, nuevamente, la “grieta judicial”. La resolución de elevar los intereses fue de Omar Palermo y adhirieron Julio Gómez, Alejandro Pérez Hualde y Mario Adaro. Del otro lado estuvieron José Valerio, Jorge Nanclares y Pedro Llorente.
Según el Gobierno, la elevación de los intereses cuando se produce un pago a destiempo (mora) produce dos efectos negativos: aumenta la litigiosidad y desalienta la generación de empleo.
“Una tasa de interés al 40% claramente fomenta los juicios, ya que genera un 'plazo fijo judicial', por lo que resultaría más conveniente litigar que no hacerlo, ya que se genera un interés mucho más alto que cualquier otro del sistema financiero”, señaló Marcelo D'Agostino , subsecretario de Justicia.
El segundo efecto negativo que advierten en el Gobierno es que la elevación de los intereses moratorios afecta a las pymes, ya que el cálculo que hace un empleador a la hora de contratar gente contempla un eventual juicio. Justamente este punto motivó el reclamo de las cámaras empresarias mendocinas.
El proyecto que envió Cornejo y que intenta revertir la decisión de la Corte se ampara en el nuevo Código Civil y Comercial, que establece que se debe redactar una ley especial que determine una tasa de interés para cuando no haya un acuerdo entre las partes.
En Mendoza esta legislación había quedado suspendida, ya que un fallo de 2009 había declarado inconstitucional la ley especial que fijaba el interés con la tasa pasiva del Banco Nación, actualmente en el 14%.
En aquel momento se consideró que un interés muy bajo no cumplía con la función resarcitoria que debe tener una indemnización, además de no preservar el capital.
Con el malestar de fondo de la cámaras empresarias y ante el vacío legal, Cornejo envió una nueva ley para reemplazar aquella norma inconstitucional. Sólo para los padres que deban la cuota alimentaria se aplicará la tasa más cara del sistema financiero, esa del 40% anual.
