Avanza lentamente el proyecto de ley de acceso a la información pública

Lentamente avanza el proyecto de ley de acceso a la información pública, norma que es un largo reclamo de organizaciones de la sociedad civil y de la prensa en general, por considerarse una apuesta a la transparencia. Hubo algunos avances para conformar un texto de consenso, aunque ese acuerdo definitivo parece lejano.

El acceso a la información pública es una ley que obliga a los funcionarios del Estado a satisfacer pedidos de datos oficiales en cualquier oficina pública. Se trata de una apuesta por la transparencia que suele ser resistida por los funcionarios de los tres poderes del Estado.

A tal punto es resistida que si bien se viene hablando de una ley de este tenor desde hace años, recién el año pasado el Congreso Nacional sancionó la ley 27.275, promulgada en setiembre de 2016. Esa ley debió esperar 16 años para ser sancionada a nivel nacional.

En 2009, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción a un proyecto impulsado por los entonces diputados provinciales Luis Petri (UCR) y Guillermo Carmona (Frente para la Victoria). Luego quedó dormida en Senado. Eso fue lo más cerca que se estuvo de contar con una ley provincial en la materia.

En 2015 Fiscalía de Estado emitió una resolución obligando al Ministerio de Agroindustria a brindar información requerida por Los Andes. Ese es el único antecedente firme que existe sobre el particular.

En la mañana de hoy, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), el peronismo propuso modificaciones al proyecto presentado por los senadores Daniela García y Ernesto Mancinelli, ambos de Cambia Mendoza.

Entre las modificaciones propuestas se cuestionó la creación de organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la futura ley y su composición tres miembros con mayoría de los oficialismos de turno. En su lugar, el PJ planteó que se encargara velar por el cumplimiento a la Fiscalía de Estado.

Por otro lado, el peronismo propuso que hubiera un funcionario responsable en cada ministerio encargado de facilitar la información pública requerida; aunque también reclamaron que fuera cada ministro el responsable último del cumplimiento.