El futuro jefe de los fiscales federales, remplazante de Alejandra Gils Carbó, ya no será vitalicio sino que tendrá como máximo hasta siete años de mandato y podrá ser designado por el Senado por mayoría simple, ya no por los dos tercios.
Además, podrá ser destituido por decreto presidencial y, en el Congreso, con los dos tercios de los votos pero no de las dos Cámaras, como es ahora, sino sólo del Senado.
Éstas son las principales modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) que se debaten en la Cámara alta y que en Diputados esperan convertir en ley en diciembre, durante el período de sesiones extraordinarias que pedirá abrir el presidente Mauricio Macri.
Fuentes parlamentarias dijeron a Los Andes que la reforma de la ley orgánica del MPF que firmaron los dos hombres fuertes del Senado, el macrista Federico Pinedo y el justicialista Miguel Pichetto, sufrirá una modificación en lo referido a la destitución.
Pinedo y Pichetto propusieron que el procurador general pueda ser removido "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", es decir por decreto, "o por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes de la Cámara de Diputados (129 de 257 diputados) a solicitud de cualquiera de sus miembros, en ambos casos con acuerdo del Senado por la mayoría absoluta de sus miembros (37 de 72 senadores), previa audiencia del interesado".
Con la ley actual, el Presidente no puede echar por decreto al jefe de los fiscales y se requieren los dos tercios de los votos en Diputados para aprobar la acusación contra el procurador general y los dos tercios del Senado para consumar su destitución.
Ahora, según pudo averiguar este diario, el texto se modificará para que se requieran los dos tercios pero sólo en el Senado. Previamente, en la Cámara de Diputados, solamente la mayoría simple.
El Senado tiene previsto emitir despacho de la comisión de Justicia y Asuntos Penales y al día siguiente tratar la reforma sobre tablas en el recinto.
Esto significa que deberían reunir los dos tercios para aprobarla. Si los números que manejan Cambiemos y Pichetto son insuficientes, se incluirá en el temario de la sesión del miércoles 22. Después corresponderá el debate en la Cámara de Diputados.
El oficialismo reactivó la reforma de la ley orgánica del MPF luego de que Pablo Cayssial, jefe del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, declaró inconstitucional el mecanismo de remoción establecido en la norma en vigencia por considerar que es equivalente al del presidente, el vicepresidente, los ministros y los jueces de la Corte Suprema.
Nuevas reglas
El Gobierno pretende que la nueva ley orgánica del MPF esté lista para que el remplazante de Gils Carbó ya no sea vitalicio y pueda ser designado y removido con nuevos mecanismos.
La renuncia que Gils Carbó le presentó al Macri hace 10 días se hará efectiva el 31 de diciembre próximo. Si hasta entonces el Senado aún no hubiera prestado acuerdo al procurador general que designe el Presidente, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de mayor antigüedad en el cargo, Eduardo Casal, asumirá en remplazo de la líder de la agrupación kirchnerista de magistrados. Será un procurador de transición hasta que asuma el elegido de Macri.
Entre los que se mencionan como remplazante de Gils Carbó figuran el actual procurador del Tesoro, el salteño Bernardo Saravia Frías; el fiscal José María Campagnoli y Guillermo Lipera, del Colegio de Abogados porteño.
En su artículo 11, el proyecto de Pinedo y Pichetto establece que "el procurador general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros" es decir 37 de los 72 senadores.
El artículo 62, referido a la duración en el cargo, dice que el procurador general tendrá mandato de "cinco años, y podrá ser reelegido por dos años por única vez".
Otra novedad de la reforma es la figura para impulsar la destitución: hasta ahora sólo es por mal desempeño y ahora también podrá ser por crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.
Es decir que Gils Carbó, que ahora enfrenta un auto de procesamiento por la supuesta compra fraudulenta del edificio de la Procuración General de la Nación, también hubiera podido ser destituida con este argumento, si hubiera estado vigente la reforma.
En el proyecto se establecen los mismos mecanismos de designación y remoción para el procurador general y para el defensor general de la Nación.
